EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Ciudad de México.- En una determinación sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la destitución y consignación del Ministerio Público Víctor Manuel Munguía Baltazar, así como de su superior, Celia Almaguer Hernández, ambos adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta acción se debe a su incumplimiento de una sentencia relacionada con el aseguramiento de joyería valuada en una cifra astronómica.
El caso se remonta al año 2014, cuando el Ministerio Público inició una investigación basada en una denuncia anónima que señalaba la venta de joyería a un precio inferior al mercado y la adquisición de piedras preciosas sin el pago correspondiente de impuestos.
La indagatoria contó con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al cual se le solicitó verificar la información en diversos comercios de Quintana Roo, específicamente en los municipios de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.
El Ministerio Público argumentó que las joyas habían sido introducidas ilegalmente al país, lo que llevó a solicitar el embargo precautorio de la mercancía, valuada en la asombrosa suma de 235 millones 758 mil 631 pesos.
Sin embargo, el propietario de los bienes presentó pruebas contundentes para demostrar la legalidad de su adquisición, respaldado por más de cuatro mil 800 facturas que respaldaban la compra de las joyas. El juicio fue ganado y ratificado por un Tribunal Colegiado.
A pesar de la sentencia favorable, el Ministerio Público encabezado por Munguía Baltazar y supervisado por Almaguer Hernández no cumplió con la orden del juez y del Tribunal Colegiado. Ante esta situación, se emitió una declaratoria de abandono de las joyas, las cuales fueron entregadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
El fallo de la Suprema Corte, basado en el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, señala claramente la falta de cumplimiento de los funcionarios de la FGR.
El proyecto de destitución y consignación fue respaldado por el cuerpo colegiado, quienes determinaron que existe un incumplimiento e inejecución de la sentencia. En consecuencia, se ordenó remitir las actuaciones del juicio de amparo a la SCJN para su trámite correspondiente.
Además de la destitución, se ha exigido a los funcionarios entregar las joyas en cuestión, revelar su ubicación actual, informar sobre la hora en que se llevará a cabo la diligencia para cotejar las facturas con las joyas decomisadas y presentar nuevas pruebas que justifiquen la necesidad de continuar con la investigación.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envía un contundente mensaje sobre la importancia del cumplimiento de las sentencias judiciales y la responsabilidad de los funcionarios públicos en garantizar la aplicación de la justicia. Este caso será recordado como un hito en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el sistema judicial mexicano.
