Por Oscar Díaz Salazar
Si el público internacional reunido en la capital francesa, y los organizadores del evento, supieran que su invitado (¿o auto invitado?) Armando Martínez Manrique, presidente municipal de Altamira, Tamaulipas, México, les ofreció un discurso que incluía el reconocimiento de un ilícito, y la reseña de una mala práctica de gobierno, le hubieran negado el aplauso, le habrían demostrado su malestar y por supuesto que no volverían a invitarlo, si acaso hubo una invitación, o recibirlo, si como es muy probable, se trató de una convocatoria a petición del interesado… Interesado en vacacionar «de gorra» y por cortesía del pueblo de Altamira.
En la última semana del pasado mes de mayo, el alcalde altamírense cruzó el Atlántico para participar en el Séptimo Foro de Ciudades Sostenibles, celebrado en París Francia, para hablar de los trabajos de saneamiento y rescate de la Laguna de Champayan, acción por la que recibió un reconocimiento como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles, entidad organizadora de este evento.
En el discurso del alcalde de Altamira, mencionó que los trabajos se hicieron con una draga propiedad de un «generoso» y «desinteresado» empresario, que por ocho meses facilitó la draga para desazolve de la laguna. Transcurrido ese tiempo, el empresario le notificó que ya no podría seguir prestando el equipo de dragado, porque tenía intenciones de venderla, a lo que Martínez Manrique respondió, con harta preocupación, con una petición para que no se llevara la draga. Es en este momento en el que Armando Martinez hace una confesión de haber violado la ley, «al platicar con el Cabildo y hacer lo necesario para comprarle la draga en cuarenta millones de pesos».
Adquisiciones de ese precio, necesariamente deben pasar por un proceso de licitación abierta y publica, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, trámite que por supuesto no se realizó y desde luego no se podrá documentar.
Armando Martínez no hizo mención de la draga que le prestó el gobierno del Estado y que sospechosamente zozobró, derramando combustible y exhibiendo a las autoridades del gobierno de Tamaulipas.
De cuarenta millones del siempre escaso erario municipal, dispuso el presidente Armando Martínez para realizar una compra muy conveniente para ambas partes, ambos dos, pues el empresario, del que no se menciona su nombre, difícilmente le daría uso, si no es con un contrato gubernamental, y también conveniente para el edil de Altamira, porque la comisión del «broker» debe ser muy generosa, superior al diezmo, que hace un buen tiempo quedó en obsoleto.
En la compra de esta draga, de manera directa, no se cumplieron los supuestos que señala el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública.
El presidente Armando Martinez, con doctorado en administración de acuerdo a su currículum, le debe una explicación al pueblo de Altamira. Esperemos que se de la ocasión y oportunidad para clarificar este asunto.
