EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Ciudad de México.– En un esfuerzo por combatir el devastador impacto del tráfico de armas hacia su territorio, el gobierno de México ha presentado una demanda de 10,000 millones de dólares contra destacadas empresas fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos.
La acusación tiene como objetivo responsabilizar a compañías como Smith & Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc por su supuesta participación en la facilitación del flujo ilegal de armas hacia los cárteles de la droga en México, a través de la frontera compartida.
En un crucial giro judicial, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos en Boston está considerando la solicitud de México para reabrir el caso. Los abogados del gobierno mexicano argumentan que la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) no debería aplicarse en esta situación, ya que la ley está destinada a proteger a la industria de armas de fuego en casos de uso indebido de sus productos en territorio estadounidense. Sostienen que esta protección no debería extenderse a los fabricantes que, según la acusación, han tenido un papel directo en el tráfico ilegal hacia México.
Steve Shadowen, el abogado representante de México, ha expresado que la demanda busca no solo una indemnización por daños y perjuicios, sino también una orden judicial para obligar a estas empresas a mejorar sus sistemas de distribución y contribuir a poner fin a la creciente ola de violencia en el país latinoamericano. El gobierno mexicano alega que más de 500,000 armas son traficadas anualmente desde Estados Unidos a México, y que más del 68 por ciento de estas armas provienen de los fabricantes demandados.
Las consecuencias de este tráfico ilegal han sido devastadoras para México, con más de 20,000 muertes anuales que se vinculan, según Steve Shadowen, a las acciones de estas compañías. Los funcionarios mexicanos esperan que, si el caso procede en los tribunales estadounidenses, puedan obtener una resolución justa y ejemplar que contribuya a abordar este grave problema y garantice un control más riguroso sobre la venta y distribución de armas en la región.
Se espera que la Corte de Apelaciones tome una decisión en los próximos meses, mientras tanto, la nación latinoamericana aguarda con ansias el resultado de este litigio que podría tener importantes implicaciones para la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
