EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Ciudad de México.- En la conferencia matutina del martes en Palacio Nacional, los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, de Puebla, fueron señalados como “jueces que favorecen a delincuentes”. Esto por haber ordenado la liberación de dos supuestos secuestradores.
El caso de los jueces fue expuesto por el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, quien presentó el informe Cero Impunidad frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rodríguez Bucio explicó que “esto es un caso en el que de manera típica se otorga una medida cautelar distinta a prisión preventiva a dos presuntos secuestradores, cuando la pena de este delito va de los 40 a los 100 años de prisión, esto en el estado de Puebla”.
El subsecretario relató que el caso se inició el 23 de enero de 2018, cuando una mujer fue secuestrada en su negocio en la ciudad de Puebla por los dos imputados, Diego N. y Juan Carlos N. Tres días después, la víctima fue rescatada en un motel y los dos presuntos secuestradores fueron detenidos y se les impuso prisión preventiva oficiosa.
A pesar de ser vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado en febrero del siguiente año, y ratificarse la medida cautelar, la defensa de los imputados logró dilatar el proceso. La Fiscalía de Puebla formuló la acusación casi un año después, pero la defensa consiguió prórrogas, postergando la audiencia intermedia.
“Sin embargo, casi cinco años después la defensa promueve un amparo para la revisión de las medidas cautelares, el cual fue otorgado por el juez primero de Distrito en Materia Penal en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz”, explicó Rodríguez Bucio. Por lo que el 3 de julio se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas ante el juez de control de la región judicial del centro del Poder Judicial de Puebla.
En dicha audiencia, el Juez Francisco Javier Martínez Castillo, a pesar de las circunstancias, decidió otorgar libertad de jurisdicción, cesar la prisión preventiva a los presuntos secuestradores y establecer nuevas medidas como la presentación periódica mensual. Aparentemente, no se consideró el peligro que supone la liberación de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad. Este caso reaviva el debate sobre la función de la justicia en casos de delitos graves y la necesidad de un marco legal más eficaz.
