EL SINODAL DE TAMAULIPÁS
Ciudad de México.- La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, defendió la legalidad de la detención del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, acusado de obstruir la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda. En una declaración contundente, Godoy afirmó que la acción no viola la ley ni la Constitución y rechazó las críticas recibidas.
Según Godoy, Carmona Gándara no tiene inmunidad procesal o fuero para delitos comunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se refirió al fuero del Fiscal solo en términos de delitos federales. Además, declaró que no se violó ninguna suspensión otorgada en el marco de un juicio de amparo promovido por la defensa de Uriel Carmona, ya que estaba relacionada con una situación distinta.
Ernestina Godoy enfatizó el compromiso de la Fiscalía capitalina con el orden constitucional y el Estado de Derecho, y aseguró que todas sus actuaciones están apegadas a la ley. “Quien sostenga lo contrario, está mal informado o busca defender lo indefendible”, sentenció.
La Fiscal también hizo un llamado a la unidad en apoyo a la familia de la víctima, Ariadna Fernanda, quien fue privada de la vida el 31 de octubre de 2022 en la Ciudad de México. Su muerte fue inicialmente atribuida a una ingestión alcohólica por las autoridades de Morelos, pero las investigaciones posteriores determinaron una muerte violenta por agresión física.
La Fiscal acusó a Carmona Gándara de dar información falsa y maliciosa en el caso, intentando culpar a la víctima de su propia muerte y entorpeciendo la procuración de justicia. Concluyó que la obstrucción de la investigación de un delito era un intento de negar el acceso a la justicia a las víctimas y asegurar la impunidad para los responsables.
Esta detención marca un punto crítico en la búsqueda de justicia para Ariadna Fernanda y pone de relieve los desafíos en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género en México. La Fiscalía de la Ciudad de México sigue determinada a llevar a los responsables ante la justicia, mientras se mantienen las tensiones y controversias entre las autoridades estatales y federales.
