Los Tachos, ante su gran oportunidad
El pasado 14 de septiembre, el abogado Martín Cantú, interpuso ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, una demanda de Juicio Político contra diversas personalidades vinculadas al pasado régimen cabecista.
“Con fundamento en los artículos 13 fracción XX de la Constitución federal, el artículo 605 de la Ley Federal del Trabajo, 150 de la Constitución local, el artículo 7 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos y 36 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas”, estableció en su denuncia para fundamentar su queja.
El jurisconsulto, tuvo el derecho de audiencia en el Poder legislativo el 28 de septiembre en donde ratificó su queja.
De manera extraoficial, se le anunció que el martes 10 de octubre lo subirían al Pleno para su discusión, aprobación o rechazo.
La denuncia ante los órganos de gobierno del Congreso local, fue provocada por los tenebrosos métodos utilizados para el nombramiento de varios jueces en la entidad.
El texto interpuesto ante los legisladores, menciona que la conculcación del orden Constitucional para nombrar juzgadores, se evidencia de manera clara y fehaciente en el Juez de Justicia Laboral, Ángel Pablo Salinas Zaragoza quien tiene su sede en Nuevo Laredo; de igual forma, es señalada como jueza sin perfil para el cargo, a la licenciada Tranquilina Martínez Balderas, quien tiene su centro de trabajo en ciudad Victoria.
La solicitud de Juicio Político, va enderezada contra Horacio Ortiz Renán -presidente Magistrado en el sexenio de Francisco García de Vaca-, David Cerda Zúñiga, actual Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado y del Consejo de la Judicatura desde el 2022, a la fecha; se suma a la lista de personajes a enjuiciar, Ana Verónica Reyes Díaz, Consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y Xóchitl Selene Silva Consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas.
El quejoso, abogado Cantú, anunció la decisión -de no intervenir el Poder legislativo en el reordenamiento del Poder judicial tamaulipeco- de recurrir al amparo y al Congreso de la Unión, para continuar con su litigio.
¿Qué pasa con los órganos jurídicos del gobierno estatal?
¿Por qué han sido rebasados los Tachos en la tarea de asumir la defensa de la justa operación de Poder judicial de la entidad?
¿Puede un ciudadano, hacer más que las instituciones jurídicas de la IVT tamaulipeca?
Los expedientes oscuros del Poder judicial heredado por Cabeza de Vaca, son innumerables.
Desde Ortiz Renán, que fue electo con actas de nacimiento controversiales, hasta la Magistrada, Omeheira López Reyna, que fue ataviada como miembro del Poder judicial, sin tener los años de servicio en la abogacía, ahora se suman actos anticonstitucionales en la asignación de responsabilidades en juzgados a personas sin tener el perfil profesional para ello.
¿Dónde están los Tachos?
Tanto Atanasia Contreras, como Taco Beas, son parte de esos lodos. Durante la administración panista, ocuparon diversos cargos en áreas jurídicas y electorales; muy probablemente, por esa vieja hermandad, no han actuado contra esa red de ilegalidades en la estructura del aparato de justicia estatal.
La querella del abogado Cantú, ya está en donde debe estar: el Congreso local.
¿Se irá al pleno la denuncia?
Es muy difícil.
Las viejas complicidades que aún tienen los Tachos con los emisarios del pasado, es muy posible enfríen el Juicio político contra el negro legado de CdeV.
Lo más seguro, es que el oficio de Martín Cantú, sea enviado a Comisiones y ahí pase al archivo muerto.
Será muy complicado que la IV T, tenga otra oportunidad como la que hoy se presenta, para sanear al muy azulado Poder judicial tamaulipeco.
Cuestión de que los Tachos, cachen el granizo de gorra que diosito les ha mandado del cielo.
Si se ponen listos, -algo complicado- podrían llevarse a sus bolsillos la primera victoria del sexenio.
