SAÑA Y CISAÑA
El siniestro ataque de Tartufo (El Impostor) en contra del Poder Judicial de la Federación tiene, principalmente, tres causas y tres propósitos:
La primera causa es su repudio a la legalidad, llegando a la incontinencia de espetar: “A mí no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”, y reprochar a los ministros de la Corte tener “la arrogancia de sentirse libres”. ¡Quisiera la sumisión de todos ellos!
La segunda causa de esa agresión es no haber podido mantener en la presidencia de la Corte al ministro Arturo Zaldívar. Eso le provocó un patatús (no superado) y arreció su lanzada en contra de los juzgadores. No tolera a una Corte independiente y sana, la quiere su alcahueta, como una reptante cortesana. No admite la división de poderes, los quiere abyectos ante sus desmanes y proyectos.
La tercera causa de su encono es el haberse topado con una mujer digna, conocedora del derecho y apegada a la Constitución: la ministra Norma Lucía Piña, acompañada valientemente por la mayoría de los ministros, el Consejo de la Judicatura Federal y la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales. Todo eso tiene pasmado y patidifuso a El Impostor.
En cuanto a los propósitos de su lanzada a la Corte y a todo el Poder Judicial se advierten claramente tres:
El primero: castigarlos por su “arrogancia de sentirse libres”.
El segundo: reducirles recursos para debilitar su función jurisdiccional. En países de Europa hay 16 juzgadores por cada 100 mil habitantes; en EU, 18; y en México, cinco bajo permanente asedio.
El tercero: tratar de intimidarlos y desprestigiarlos para someterlos.
Lo de la extinción de los fideicomisos y la confiscación de esos recursos es solo otra bufonada: el depredador no tiene la fuerza ni el tiempo para carrancearse esos 15 mil millones de pesos, porque los trabajadores afectados están en pie de lucha y su asunto lo ganarán en los tribunales.
Si Tartufo quiere más dinero para su leva electoral, debería recuperar los 15 mil millones de pesos robados a Segalmex en esta administración, en vez de seguir protegiendo a los saqueadores en la Secretaría de Gobernación.
El desafío de los juzgadores es revertir la difamación y el consiguiente desprestigio frente a la sociedad en general; y es un deber ciudadano defender a ese poder, pues al día de hoy es el único dique eficaz para contener la marejada de inmundicias y destrucción generadas por el obradorato, eminentemente zafio y rufianesco.
PD. ¡Otra vez la burra al trigo!: si insiste la señora Sheinbaum en denostarme porque hace 30 años llamé a votar a la muchachada y al “viejerío”, y si lo dice y redice, yo le digo y redigo a esa pícara ignorante: La Asociación de Academias de la Lengua Española define al “viejerío” como “conjunto de mujeres” (no necesariamente viejas). ¿Cuál fue el agravio.?
