Por Juan Sánchez Mendoza
DEUDA MAYÚSCULA
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México (1 de diciembre de 2018), la deuda pública era de 10.55 billones de pesos.
Y al cierre de su administración, oscila en los 17.04, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP). Pero el débito neto, en 2025, podría ubicarse en los 18.1 billones.
O sea, en tan sólo un sexenio ha crecido en (+/-) un 70 por ciento, que será el saldo histórico más alto del endeudamiento.
Sin embargo, el subdirector de análisis económico de CIBanco, James Salazar, considera que esos niveles de deuda no representan un ‘foco rojo’ para la economía mexicana, pero sí un llamado de atención para mejorar la capacidad de ingresos.
“Los niveles son todavía manejables”, dice, a diferencia de lo que pasa en otras economías del mismo tamaño, que a raíz de la pandemia sufrieron deterioro en sus finanzas públicas.
El crecimiento de la deuda, explican los especialistas, ocurre porque el gasto sigue subiendo, pero los ingresos no aumentan a la misma velocidad y esta discrepancia incide fuerte en la crisis, ya que el incremento del gasto público ha sido para sostener programas sociales y construir obras insignia como la refinería Olmeca en Dos Bocas y el Tren Maya.
Además, deben cubrirse intereses onerosos que no pueden liquidarse en tiempo y forma por falta de recaudación y, al renegociar la deuda, crece el débito.
Ciertamente, la deuda externa ha sido reducida en un 15.7%, según lo advierte el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio González –puesto que en términos nominales el monto pasó de 5.1 billones de pesos (2018) a 4.1 (2024), según dice–, lo que significa que el tabasqueño evitó compromisos con la usura internacional al tiempo que los contrajo con la usura ‘nacional’.
Esto, sin embargo, podría causar un colapso económico.
Y aunque Andrés Manuel López Obrador todavía se niega a reconocer que la economía nacional atraviesa por la peor crisis de su historia y que la reparación del daño no habría de darse en los primeros años de su relevo, existen analistas que sí saben del tema y a través de estudios objetivos, sin tintes partidistas ni ideológicos, se han encargado de sugerirle que hoy, por lo menos, hable con la verdad, en cuanto al endeudamiento público.
Que no trate de tapar el sol con un dedo. Sobre todo, cuando él aduce que los cerca de 130 millones de mexicanos (la cifra poblacional estimada) estamos (ya) en franca recuperación.
Inclusive, asoman economistas que adelantan que, de no revertirse la tendencia negativa, México caería en un colapso económico, por lo que tendrían que tomarse otras medidas para tratar de mantener el barco a flote, como serían una drástica devaluación de nuestra moneda, la venta de más empresas (todavía) propiedad del Estado y/o un nuevo y mayor endeudamiento externo.
De otra forma, advierten expertos que trabajan como investigadores en algunas de las instituciones más destacadas del país, la economía nacional continuará en picada y el actual régimen presidencial, como los ocho que lo antecedieron –encabezados por Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, prácticamente sería de fracaso.
La situación económica que padece México es, ciertamente, en buena parte consecuencia de la crisis mundial. Pero igual contribuyen al quebranto el excesivo poder burocrático, la inversión especulativa, el gasto desorbitado de nuestros gobernantes y el pillaje de algunos funcionarios públicos que las últimas cinco décadas han devaluado el peso en múltiples ocasiones –directamente o disfrazando el hecho con el deslizamiento de nuestra moneda frente a otras más fuertes, como el dólar y/o el euro–, convirtiendo el circulante en una divisa poco atractiva para el mercado mundial.
De ahí recobra capital importancia la sentencia del filósofo inglés John Emerich Edward Dalkberg Acton, más conocido como Lord Acton en 1887, quien estableciera la sentencia: ‘el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente’.
Y, en efecto, aquí en México los programas económicos del Gobierno Federal han fracasado a pesar de tantos planes y estrategias sexenales; y han fracasado porque los servidores públicos han hecho con la riqueza nacional los que se les ha dado su regalada gana; porque han gastado ofensivas cantidades de dinero en los procesos electorales, en los viajes presidenciales, en su promoción mediática y hasta en el sostenimiento de empresas fantasmas o, en el mejor de los casos, improductivas.
Un claro ejemplo de esto es que nos dicen que el petróleo es nuestro, cuando el llamado oro negro solamente ha enriquecido a determinados funcionarios.
Y todo ese saqueo, obviamente, lo han cubierto elevando impuestos, contratando deudas (interna y externa), fabricando dinero o de plano provocando inflación y devaluaciones.
Por eso la economía del país ha fracasado sexenio tras sexenio, aun cuando a ese deterioro también contribuya el hecho de que los burócratas tengan mucho poder y en sus manos tengan el manejo presupuestal.
Tan sólo en las últimas nueve administraciones presidenciales, incluida la actual, se han implementado diversos programas económicos, pero estos no han funcionado quizá por falta de continuidad o tal vez porque no ha existido voluntad para apostarle a un fortalecimiento sostenido y sustentable en la materia.
Lo cierto, es que la deuda pública es mayúscula.
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