Por Juan Sánchez Mendoza
La corrupción es un mal endémico del ser humano, ciertamente, aunque en lo que toca al servicio público, regularmente, sólo se habían exhibido casos de funcionarios de primer nivel. Pero en las últimas semanas ha sido, y aún es la constante, sacar a flote las pillerías cometidas en los ayuntamientos y en el Congreso de Tamaulipas, los Organismos Públicos Descentralizados, el Poder Judicial y las fiscalías.
Esto es bien visto por la sociedad civil porque cansada está de que los burócratas de ‘alto nivel’ desvíen los recursos en provecho personal, y/o de sus promotores, pues el dinero está presupuestado para atender proyectos inherentes a la comisión pública de cada organismo para procurar un mejor servicio.
La ‘limpia’ que se ejecuta en las comisiones (y/o juntas municipales de agua potable y alcantarillado) en su manejo administrativo, de ningún modo viola el artículo 115 constitucional –como lo difunden algunos alcaldes–, ya que no está transgrediéndose el reglamento sino, simple y llanamente, hay, conforme a derecho, la disposición de ser el Gobierno estatal quien nombre al responsable de su manejo. Pero, sin restarle autoridad al municipio, para cumplir operativamente con el servicio, conforme a lo dispuesto legalmente en cuanto a sus atribuciones.
Al respecto hay claras evidencias de esa corrupción en las comisiones municipales de agua potable y alcantarillado de Nuevo Laredo y Reynosa y en la junta de Matamoros, que, durante décadas, le han servido como ‘caja chica’ a los alcaldes en turno; y con sus recursos han financiado campañas políticas para ellos o sus proyectos familiares.
Hace días, por cierrito, se ventiló la corrupción cometida en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) –por Brenda Denisse der la Cruz López, la directora general, y el director administrativo, Héctor Rafael Adame Lerma–, y tras una auditoría que realizó personal de la Contraloría estatal se abrieron cinco procedimientos.
El quebranto aún no se ha hecho público, pero de que hay ‘enjuagues’ claro que los hay.
Días antes, en el Congreso estatal se detectaron irregularidades en la dirección administrativa, entonces a cargo de Adolfo Pastor Paz, aunque la presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica, no ha querido ahondar en lo particular porque seguramente el agua también le llegaría al cuello, ya que el truhan es amigo de su esposo Dionisio Cruz Guerrero.
En la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa, causó baja Alfonso Gómez Monroy, ocupando se lugar Felipe de Jesús Chiu Vega. La razón fueron los malos manejos administrativos de ‘Poncho’, quien llegó al cargo por disposición de su amigo Carlos Víctor Peña Ortiz.
A la fecha aún se cuantifica el monto de lo defraudado y, según la Auditoría Superior del Estado, en los próximos días se procederá en consecuencia.
Las cosas no están mejor en el ayuntamiento de Reynosa.
O al menos para Maki Esther Ortiz Domínguez y su hijo ‘Makito’, pues la Auditoría Superior del Estado ventiló expedientes correspondientes al ejercicio fiscal 2016, donde aparece un quebranto de casi 70 millones de pesos.
En el Instituto del Deporte (INDE), fue removido Manuel Raga Navarro y su lugar ahora lo ocupa Manuel Alejandro Virués Lozano, quien fuera el coordinador de alto rendimiento durante la administración panista de Carlos Fernández Altamirano. Uno y otro, en el sexenio anterior, fueron acusados de desviar los recursos asignados a los atletas y entrenadores, pero hasta la fecha nadie ha actuado en contra suya. Así que se sospecha que Virués llega al INDE para tapar tantos hoyos.
No deben olvidarse las acciones de corrupción cometidas en la Fiscalía General de Justicia, en la Fiscalía Anticorrupción y en el Tribunal Electoral del estado, puesto que sus titulares también están en la mira de las autoridades.
Estos actos de corrupción ya son del dominio público y celebro que así sea. Inclusive, que sigan ventilándose otros casos, si los hubiere, pues se dice fuerte y quedito que en otros organismos públicos descentralizados no están ajenos ilícitos como peculado y desvío de recursos.
Habrá que darle tiempo a la Auditoría Superior del Estado para que en detalle arme cada expediente y en un momento determinado presente las acusaciones correspondientes.
Con esto, la administración gubernamental gana credibilidad.
Y el jefe del Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, así demuestra que no le tiembla el pulso para sancionar a los corruptos.
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