Por Juan Sánchez Mendoza
PARALISIS JUDICIAL
En el primer minuto de este día, dio inicio un paro indefinido de labores por parte del alrededor de un mil 600 magistrados y jueces que se oponen a la reforma judicial promovida por Andrés Manuel López Obrador.
Obviamente esa parálisis afectará directamente a toda la sociedad, ya que 55 mil empleados del Poder Judicial Federal fueron los primeros en no prestar servicios en rebelión a la reforma, también por tiempo indefinido, lo que significa que todos los asuntos no urgentes tendrán que esperar hasta que la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados decida la suerte de ese poder constitucional.
Al respecto, los investigadores de la ciencia política –que tienen como norma el estudio profundo de las relaciones que existen entre la sociedad y el gobierno–, se mantienen a la expectativa, pues uno de sus objetivos es identificar los rasgos que distinguen a los países cuyos sistemas ostentan la democracia o están en proceso de adoptarla.
Robert Alan Dahl, quien fuera catedrático de la Universidad de Yale, estableció, al respecto, algunos elementos que utilizó en sus indagaciones: cargos públicos electos, fuentes alternativas de información, elecciones libres e imparciales, respeto del poder hacia la ley, libertad de expresión y participación ciudadana.
Una vez recopilada la información, dijo, los estudiosos proceden a su evaluación, cruzamiento y análisis, para determinar hasta dónde un país puede ondear la bandera de la democracia.
La referencia surge a propósito de la guerra sin cuartel que en México libra el jefe del Poder Ejecutivo (federal), Andrés Manuel López Obrador, con el Poder Judicial Federal (en su conjunto), mostrándose ésta más escandalosa por el desacuerdo (entre ambas partes) en torno a la iniciativa presidencial de reforma judicial, sin que haya voluntad de los ministros, magistrados y jueces para alcanzar acuerdos sustantivos en la materia.
Y es aquí, por cierto, donde se evidencia que México vive la fragilidad de una incipiente democracia.
Pero el pleito también pega fuerte en las instituciones.
Tan es así que éstas se tambalean ante el sainete que incluso amenaza con desestabilizar a la nación entera, pues los actores principales ya cavaron su trinchera y se aprestan a destrozarse de cara a la sociedad que hoy es presa de la confusión.
Basta analizar someramente el papel que juegan las fracciones parlamentarias en este sentido, las cúpulas corporativas disfrazadas de sindicatos, los patrones, la presidenta electa, las universidades y además hasta los inversionistas extranjeros, para mejor entender que el asunto de la reforma judicial es un verdadero trabuco.
Cerrazón de actores
Cada una de las partes en conflicto esgrime de manera pública sus alegatos; y habla a nombre del mandato conferido. Unos, por las mayorías que los erigió en representantes populares; y otros, por la investidura que les otorgó el Senado de la República.
Pero ese problema se ha vuelto crónico y pone en riesgo el rumbo del país, aunque en esencia la podemos ubicar en la incapacidad de ambas partes para ponerse de acuerdo; en la incongruencia de algunos de los coordinadores de las bancadas legislativas a estrenarse el 1 de septiembre próximo, para elaborar propuestas tangibles que pudieran sustituir las deficiencias de la iniciativa presentada por el inquilino de Palacio Nacional, y, por supuesto, en la falta de respeto hacia nuestra Carta Magna donde la legalidad no tiene dobleces.
No obstante, López Obrador también acostumbra practicar un doble juego, pues en la práctica hace todo lo contrario de lo que promete, como bien lo demuestran sus mismas palabras pronunciadas durante al menos sus últimas apariciones públicas.
Y es que parece increíble que el propio mandatario nacional sea quien esté poniendo al país en la antesala de una crisis judicial profunda, debido a su falta de tacto, carencia de oficio político, y, lo que es peor, por su terquedad y cerrazón al no estar dispuesto a respetar los ordenamientos legales ni a reconocer el ámbito de competencia de un órgano soberano y plural como es el Poder Judicial de la Federación.
Merced a lo anterior, vale la pena reiterar que nadie puede estar por encima de la ley, así se trate del Presidente de la República.
Ello es una condición mínima de respeto a los principios de convivencia y orden que deben privar en México.
La LXVI Legislatura federal, por tanto, está en todo su derecho de modificar el proyecto enviado por el Ejecutivo, o aprobarlo tal cual se les envió; y éste debiera atender la decisión adoptada, toda vez que se trata de una atribución constitucional.
Más cuando los cambios planteados para aplicarse al Poder Judicial se prevén (algunos) irreflexivos e injustos, en virtud a que perjudicarían a miles de la sociedad y se postergarían algunos rubros considerados prioritarios.
Por cierto, esos rubros que defiende López Obrador a capa y espada, tienen qué ver con el aniquilamiento del Poder Judicial, la desaparición de dos ministros y la elección de todos y cada uno de los juzgadores en procesos abiertos, aun cuando la mayoría de los ciudadanos no conozcan en qué consiste el sistema judicial,
En fin, hoy 21 de agosto de 2024, el país amaneció sin juzgadores federales.
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