LA MADRIGUERA DEL LOBO

Opinión

Por: José Andrés Zorrilla M.

Hemos estado abriendo un espacio dedicado en específico a la REFORMA DEL PODER JUDICIAL, para explicarla desde un enfoque práctico, que desde luego incluye a TAMAULIPAS, porque una vez pasado el capítulo federal que se espera para 2025, vendrá el tiempo para todos los estados y PARTICULARMENTE EL NUESTRO EN 2027, como ya lo mencionamos en nuestras pasadas columnas de LOS JUECES I y II. Sin embargo, dados los últimos acontecimientos, esta vez abordaremos el tema de LA SUPREMACÍA, de los porqués de los cuándos, de los cómos, y algo más.

LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, en realidad es una estrategia de BLINDAJE a la propia Reforma del Poder Judicial, desde el lado de quien la propuso y de quien la defiende (que en este caso es el poder ejecutivo y el legislativo respectivamente), es decir, de quien gobierna en términos de democracia, en concreto del partido MORENA y sus aliados (el llamado oficialismo). Sin embargo no podemos pasar por alto que es un instrumento JURÍDICO y aunque sea reiterativo, constitucional dentro del ámbito de lo que significa la presentación de propuestas constitucionales y los mecanismos de aprobación contemplados para los mismos.

Fue precisamente el PASADO 1 DE NOVIEMBRE, que el Congreso a nivel Federal declaró formalmente la validez de la Reforma de Supremacía Constitucional, tras su aprobación en la mayoría de las LEGISLATURAS ESTATALES en donde también Tamaulipas en su congreso local votó a favor de la misma, con lo que se consolida en este nuevo capítulo en el proyecto de cambio propuesto por la Cuarta Transformación, en lo que fue calificada como una aprobación “fast track,” pero hasta ese punto legal como ya lo mencionamos, por lo que a partir de esa fecha está consolidada dicha REFORMA aprobada, e incluida en nuestra constitución.

El objetivo de la SUPREMACÍA, es evitar interferencias del PODER JUDICIAL, en las decisiones que en su caso apruebe el Poder Legislativo, es decir las cámaras y como tal el CONGRESO, que estarán acompañando lo que proponga, presente y someta para su aprobación el PODER EJECUTIVO (la actual Administración Federal) y como primer objetivo suspender cualquier controversia que presentaron los Jueces Federales a la REFORMA DEL PODER JUDICIAL ya aprobada, pero con esta última aprobación queda doblemente protegida y de paso que cualquier otra iniciativa de PRESIDENCIA para que no sea susceptible a ningún tipo de AMPARO para suspenderla o inhabilitarla como sucedió en la pasada administración de AMLO en donde hubo una confrontación jurídica permanente del poder ejecutivo con el PODER JUDICIAL. Con esto se termina.

Mientras la aprobación de la ley de SUPREMACÍA ocurriera el pasado 1 de noviembre, el Proyecto del prestigiado MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, fue DESESTIMADO con 7 votos a favor y 4 en contra (se requieren 8 dentro del propio acuerdo) en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 6 de noviembre, en el que entre otros cinco puntos importantes se pronunciaba en contra de que los jueces fueron electos con VOTO POPULAR, sin embargo esta última postura no prosperó, por lo que como suele ser la REFORMA quedó aún más fortalecida con esta postura, ahora avalada por la SCJN.

Respecto a LOS ESTADOS, esta ley como tal únicamente contempla la Supremacía Constitucional al gobierno o nuevas leyes de carácter FEDERAL (para que no haya confusiones) porque ese fue el sentido en cuanto a darle esa JERARQUÍA y en su caso intervención directa y permanente al menos durante los próximos años al titular del EJECUTIVO, para también convertirlo en un gestor prioritario con el uso precisamente de este BLINDAJE como ya lo mencionamos para toma de decisiones.

Lo que sí es un hecho es que para TAMAULIPAS EN 2027, los JUECES locales deberán continuar preparándose de manera profesional y cuidando el PRESTIGIO Y LA IMAGEN, para que sea la sociedad civil quien los impulse y que al menos en NUESTRO ESTADO se cuente con impartidores de justicia que gocen de ese respaldo para que sean las y los jueces que ocupen esos cargos. Digamos que es también el lado bueno del tema.

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