Por Brenda Ramos
CORRUPCION INMOBILIARIA
Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum puso el tema de la corrupción inmobiliaria en el centro de la discusión nacional al señalar que Jorge Romero, el nuevo presidente del PAN, es “el jefe del Cártel Inmobiliario”. Sheinbaum recordó cómo Romero, desde su cargo en la alcaldía Benito Juárez, otorgó permisos ilegales a cambio de beneficios personales, encareciendo la vivienda y distorsionando el desarrollo urbano en la Ciudad de México.
Esta problemática, sin embargo, no es exclusiva de la capital. Tamaulipas, con su crecimiento acelerado, también enfrenta retos en el desarrollo urbano y el acceso a vivienda digna. Hoy, el Congreso local tiene ante sí la oportunidad de dar un paso al frente y proponer una reforma que asegure que el crecimiento urbano esté libre de abusos y que el derecho a la vivienda sea una realidad para los tamaulipecos.
¿Qué legislador será el primero en entender la importancia de esta agenda para proponer una iniciativa que ponga a Tamaulipas a la vanguardia en la lucha contra la corrupción inmobiliaria y el derecho a una vivienda digna?
El Congreso de la Ciudad de México fue el pionero en el tema. En marzo de este año, aprobó una reforma que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito, imponiendo sanciones de hasta 20 años de prisión a funcionarios que faciliten construcciones ilegales. Esta medida, que busca proteger el acceso a la vivienda y frenar las prácticas corruptas, puede servir de inspiración para que Tamaulipas tome acción en el mismo sentido, antes de que el problema crezca y afecte más a sus habitantes.
El Senado también ha avanzado en esta dirección. Recientemente, las comisiones aprobaron una reforma para que el Infonavit recupere su misión social y construya vivienda digna para los trabajadores. La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, de Tamaulipas, ha expresado su apoyo, destacando que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar viviendas accesibles y de calidad para los trabajadores. Para Sosa, dejar el tema en manos privadas, como en administraciones anteriores, solo encareció el acceso y limitó las opciones para las familias trabajadoras. Este compromiso por garantizar la vivienda digna deja claro que la agenda nacional ya se ha puesto en marcha en este sentido.
La pregunta que queda es: ¿quién en Tamaulipas tomará la estafeta para proponer una reforma que sancione la corrupción en el sector inmobiliario y garantice que el crecimiento urbano esté al servicio de sus habitantes? El estado está en una posición perfecta para tomar la iniciativa y unirse a la agenda nacional en defensa del derecho a la vivienda.
¿Imagina a un legislador tamaulipeco liderando este cambio? ¿A quién ve capaz de hacerlo? ¿Se le viene alguien a la mente?; no solo se llevaría una estrellita dorada por poner a Tamaulipas a la vanguardia, sino que también ganaría el reconocimiento y la gratitud de miles de ciudadanos que verían reflejada su necesidad de vivienda digna en un proyecto concreto. Y sobre todo, desquitaría el sueldo y sus compensaciones.
Esta es la oportunidad para que los legisladores de Tamaulipas aseguren un desarrollo urbano justo, transparente y accesible, y demuestren que no son cómplices ni temen desenmascarar a las mafias de la corrupción inmobiliaria.
Es su obligación atar de manos a quienes intenten abusar de su poder, impedir que estas redes crezcan y garantizar que no lleguen nuevas. El momento es ahora, y la agenda nacional es clara.
¿Quién será lo suficientemente visionario para no dejar pasar esta oportunidad? Claudia Sheinbaum ya ha señalado el camino, y ahora la pelota está en la cancha del Congreso de Tamaulipas.
