El Fogón/ Por José Ángel Solorio Martínez

Opinión

La masacre de Reynosa y sus lecturas… 

La lógica criminal –y policial–, tiene sus dinámicas. 

 Ante un evento, la pregunta obligada para llegar al o los responsables, es:  

 ¿A quién beneficia? 

 ¿Quién es el directo beneficiario de la reciente masacre en Reynosa? 

 ¿El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador? 

 No. 

 El Ejecutivo federal, en parte es afectado por esa acción. 

 ¿La alcaldesa reynosense, Maky Ortiz? 

 No. 

 La dama, no tiene policía alguna a su mando. Y el fenómeno de la inseguridad, rebasa las atribuciones de un jefe edilicio; por muy poderoso que éste o ésta, sea. 

 ¿El alcalde electo, Carlos Peña Ortiz? 

 Menos. 

¿A los grupos delincuenciales que controlan la frontera? 

 No parece sensato, que quienes viven de la paz de los fusiles cogobernando esa región generen esos índices de ingobernabilidad y zozobra –muy cercanos al terrorismo–; sería darse balazos en los pies.  

 ¿Los grupos de presión, bandos policiales y entidades de seguridad de Estados Unidos? 

 Esa hipótesis, podría ser una de las más cercanas a la realidad. Desde hace años, las agencias norteamericanas, han promovido que se declare terroristas a los miembros del CO de México. El acontecimiento, marca un hito en la historia del narco: no es lo mismo que lo que pasó en Allende, Coahuila en donde todo un pueblo fue masacrado por venganza, que inmolar al azar a ciudadanos que ni la deben ni la temen. Es decir: con un acto de terrorismo, podrían generar cambios en la opinión pública mundial para sacar aquella iniciativa. No es ocioso, decir que si ello ocurriera, las fuerzas policiaco-militares de USA, tendrían la posibilidad de intervenir en México al amparo de esa declaratoria. En otras palabras: segmentos de capitanes de empresa de USA, festinarían esa pérdida de soberanía mexicana que traducirían automáticamente en un triunfo para poner freno a las políticas nacionalistas y anti-neoliberales implementadas por la IV T. La reforma energética de la CFE y las reformas a PEMEX, están siendo para esos grupos de interés sus derrotas más dolorosas. Y no se diga la que viene: la nacionalización del litio. 

 ¿El Ejecutivo estatal tamaulipeco? 

 Con todo y que el evento golpea su diezmada personalidad, la masacre le hace ganar tiempo en su lucha contra el Ejecutivo federal y contra las huestes de MORENA que lo quieren ver crucificado. Es decir: es beneficiario indirecto de los hechos; aunque pareciera que ese pequeño respiro no le alcanzará para remontar el déficit de consensos en la entidad. 

 La canallada de Reynosa, parece estar más allá del pleito entre un gobernador y un Presidente de la república. 

  Tanto para el gobierno estatal, como para el gobierno federal, es urgente encontrar explicaciones coherentes para informar a los ciudadanos por qué ocurrió lo que ocurrió. Primero, porque evitarían manchar sus administraciones con un hecho abominable, que podría ser un punto negramente significativo; segundo: hacer justicia a ciudadanos que ya han pagado sobradamente su cuota de sangre en esta estúpida guerra; y tercero: recuperar la fe y el ánimo en una sociedad que vive amurallada en sus casas esperando que la divinidad arregle su punzante realidad.  

 Justo, lo que los gobiernos –sin quitar poder a las deidades– tienen que enfrentar y resolver. 

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