EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Ciudad de México.– Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron a conocer que no acompañan “la pretensión de denunciar penalmente” a jueces que han absuelto a implicados en este caso, ello luego de que el viernes pasado el gobierno federal denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de distrito Samuel Ventura Ramos, quien ha liberado a 120 acusados.
Asimismo, la representación jurídica de los familiares de las víctimas, al igual que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, condenaron la divulgación ayer en redes sociales del supuesto informe sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), presentado ante los medios de comunicación en agosto pasado con parte de su contenido testado debido a que, se informó, hay temas que están en proceso de judicialización y son “datos de carácter procesal que no se deben entorpecer”.
Respecto a la denuncia contra Ventura Ramos “por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”, el Centro Prodh señaló que no acompañan estas acciones, ya que “fiscales y (agentes de) ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues por sus acciones y omisiones se llegó a este extremo”.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, dijo que debido a que las personas absueltas estaban acusadas con la versión de la mal llamada verdad histórica, construida en la administración anterior del ex presidente Enrique Peña Nieto, “en realidad no es sorpresivo que se estén dictando estas sentencias, ya que mucha de esa prueba (contra los acusados) es ilegal o se obtuvo acudiendo a la tortura”.
Por ello, “no nos parece que lo principal sea señalar responsabilidades del Poder Judicial”. Más bien “deberíamos de estar hablando de cómo rinden cuentas los fiscales y los ministerios públicos que con base en la tortura construyeron una investigación manipulada y propiciaron que después se dictaran estas sentencias absolutorias”, comentó a La Jornada.
El Centro Prodh también externó su preocupación sobre la información de que la FGR, “de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión”. En este sentido, adelantó que analizarán los alcances legales de esa decisión, al igual que la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, “preocupados por el desplazamiento de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa”.
Divulgación del supuesto documento sin testar
En cuanto a la difusión del supuesto informe sin testar que fue entregado a la FGR por la Covaj, Encinas pidió a la fiscalía que emprenda una indagatoria “para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
Aseveró que esto “lejos de ayudar a la investigación, la perjudica y abre paso a la impunidad”. Es “absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, subrayó en redes sociales. “En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado”, sostuvo.
El Centro Prodh enfatizó que el que se divulgue contenido del informe “revictimiza a las familias”, e indicó que ante dicha acción “debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, y no a la prensa”.
Las principales conclusiones que señaló la Covaj en su investigación es que el caso Ayotzinapa “fue un crimen de Estado” con “un encubrimiento al más alto nivel”, entre funcionarios federales, estatales, municipales y militares, y que no hay indicios para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos.
La principal línea hallada por la actual comisión apunta, a diferencia de la versión del pasado, que los normalistas no fueron incinerados juntos en el basurero de Cocula, pues se les separó al menos en tres grupos en la salida de la terminal de autobuses de Iguala, Guerrero.
