EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Ciudad de México.– Segalmex ha presentado 32 denuncias a la fecha ante la Fiscalía General de la República por posibles hechos constitutivos de delito –tras el desvío de casi 10 mil millones de pesos–, adicionales a las que promovió la Función Pública y la Auditoría Superior, afirmó el titular del organismo, Leonel Cota Montaño.
Durante la firma de un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México, el funcionario aseguró que son evidentes las irregularidades, pero de ningún modo habrá impunidad.
“Estamos muy claros que la corrupción debe castigarse, en el compromiso puntual de dar transparencia a los actos y de castigar a responsables”, afirmó.
Tras señalar que se está a la espera de que la Fiscalía cumpla su ciclo de investigación y haga el deslinde de responsabilidades, aseguró que la función del organismo de atender a más de 30 de millones de personas en las 24 mil tiendas de Diconsa y Liconsa no se ha trastocado, sino que siguen fortaleciendo las estrategias para apoyar a este sector de la población.
“Hoy marchamos en este objetivo y desde luego que tenemos el deber de la plena y absoluta transparencia. Hemos estado trabajando con la Secretaría de la Función Pública, con Auditoría Superior, no sólo para atender los temas, sino también para evitar que se repita”, apuntó.
“Estamos hablando de más de 30 millones de personas, que es nuestro universo de trabajo y nuestra función, esa no se ha trastocado, lo importante es que (el gobierno de la República) se ha dedicado a no abandonar este sector y fortalecer esta estrategia.”
Desde julio pasado, La Jornada ha documentado las irregularidades en esa dependencia, en la que se presume que operó una red de corrupción, a través de la cual se desviaron recursos con la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachadas, al igual que a compañías que no tenían capacidad o carecían de los giros comerciales que requerían Diconsa y Liconsa.
También se ha descubierto que se utilizó dinero de Diconsa –destinado a la compra de alimentos para la población más vulnerable–, a una financiera, con el argumento de que ofrecía más intereses.
