EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Ciudad de México.– El grupo parlamentario de Morena en el Senado demandó que se investigue al juez federal Samuel Ventura, quien dictó al menos 120 sentencias absolutorias en favor de presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre ellos José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala y presunto autor intelectual del ataque a los normalistas.
La propuesta la presentó la senadora Citlalli Hernández Mora, quien demandó, asimismo, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación (SG) que se investigue la filtración de documentos sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
La también secretaria general de Morena insistió en que el Senado solicite al Consejo de la Judicatura Federal que revise la actuación del juez Ventura, quien el pasado 14 de septiembre absolvió a Abarca del delito de secuestro en agravio de los 43 normalistas y días después a 24 policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido procesados por haber participado en el intento de homicidio contra el estudiante normalista Aldo Gutiérrez, quien permanece en estado vegetativo al haber recibido un tiro en la cabeza la noche del 26 de septiembre de 2014.
Igualmente, “el 30 de agosto de 2019, este mismo juez dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos y enlace del ex alcalde José Luis Abarca, anteriormente procesado por el delito de secuestro en contra de los normalistas”.
En total, agregó, la SG señala que el juez Samuel Ventura Ramos ha dictado 120 sentencias absolutorias de liberación a favor de presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, la mayoría de ellas basadas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “en la desestimación de las pruebas que acreditan los delitos imputados, argumentando acciones procedimentales relativas al derecho de las personas acusadas al debido proceso”.
La senadora Hernández Mora propuso también que la FGR y la SG investiguen a fondo quién filtró un documento sin testar elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en el que “se expusieron a ojos de la población mensajes de texto escritos por los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas, en los que se emplea un lenguaje extremadamente violento y explícito, exponiendo a las familias a un proceso de revictimización”.