¿Y dónde están los abogados?
La expresión concreta y actuante de la IV T en Tamaulipas, no se resolverá con la intervención del gobierno federal -la aniquilación del fiscal tamaulipeco desde la CDMX- ni mucho menos con el impulso de los cambios Constitucionales -como la legalización del Ejército para operar acciones de seguridad pública de la mano con la Guardia Nacional- o con el formidable impulso de los programas sociales que llegan por los vientos de las estrategias presidenciales; no es así, aunque muchos crean que así es.
La IV T, en la región, se percibirá hasta que la administración estatal villarrealista -y sobre todas sus mentes más experimentadas en asuntos del Derecho y sobre todo de la práctica Constitucionalista- operen la iniciativa para remover y desterrar, la estructura legal que dio sustento a un régimen que durante 30 años privatizó, violentó los derechos de los tamaulipecos, contrató deudas vergonzosamente onerosas y permitió que el fraude electoral se entronizara en la región.
No puede haber régimen nuevo, sin desmantelar la red jurídica con la que sustentó sus excesos el viejo sistema.
No puede haber políticas nuevas, con una Ley que sigue representando la cosmogonía y la visión de gobierno de los que se fueron dejando en la indigencia las arcas públicas.
Hace falta una reforma administrativa.
¿Qué hacer con los Organismos Autónomos, todavía dirigidos -la mayoría- por personajes de cuestionable ética?
¿Se permitirá que bajo el amparo de una mal llamada autonomía, utilicen sus presupuestos a contentillo?
¿Es prudente seguir con esa misma urdimbre de la ley, utilizada para el saqueo y para la impunidad?
¿Es justo, darle a la Cultura un barniz de espacio menor en el gobierno, sin elevarla a Secretaría?
¿Las Comapas deben continuar siendo la caja chica de los representantes del gobernador en los municipios?
¿Es operativo, tener entes transexenales como el Fiscal de siete años?
AMLO, puede ayudar a remover del cargo a más funcionarios del pasado; lo que no puede hacer, es la tarea que corresponde a los jurisconsultos de la IV T: oxigenar el entramado constitucional para que el gobierno estatal de MORENA profundice su proyecto.
Es inaplazable, que la nueva arquitectura jurídica de la administración estatal, establezca una nueva relación con el Sindicato de los Poderes del Estado; y, sobre todo, abrir la interlocución directa con sus empleados, y adelantarse a la problemática heredada por gobiernos anteriores que permitieron saqueos multimillonarios -ejecutados tanto por los líderes como por representantes del gobierno- de los fondos de los trabajadores los cuales en un tiempo no muy lejano, tendrá el gobierno que pagar.
El presidente, López Obrador ya lo dijo: apoyará con todo lo que se requiera para pagar a la burocracia, pero como adelanto de participaciones.
Necesaria, se ve una nueva relación con los alcaldes. Un nuevo régimen, debe regresarle a los Ayuntamientos sus derechos; una de las más abominables reformas hechas por la administración ida, fue el dar la facultad al gobernador para recaudar el impuesto predial, para luego retornárselo en obras.
Escuché, de un connotado abogado, que el responsable jurídico de la Secretaría General de Gobierno, no sabe cómo plantear la nueva regulación de los Órganos Autónomos.
¿Con esos recursos humanos, veremos pronto las reformas a la ley necesarias para la construcción de un gobierno progresista, humanista y vigoroso?
Esperemos que sí.
Cuando con esos bueyes hay que arar, no resta más que encomendarnos a diosito.
