EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Washington.– La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que mantendrá vigente, de manera indefinida, el Título 42, una norma sanitaria impuesta en 2020 por el gobierno del entonces presidente Donald Trump que, con la intención de evitar la propagación del coronavirus, permitía expulsar a migrantes tan pronto llegaban a territorio estadunidense, sin darles oportunidad de pedir asilo o hacer trámites para su estancia legal.
En su fallo, la Corte extendió la medida que aprobó la semana pasada el presidente del tribunal, John Roberts, cuando 19 gobiernos conservadores de estados del sur del país le pidieron mantener vigente el Título 42.
La Corte informó que el caso se someterá a discusión en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces tomen una nueva determinación. La votación en el tribunal fue de cinco votos a favor y cuatro en contra. Los 19 estados republicanos alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levantaba la norma y se abría la frontera.
El presidente Joe Biden recalcó que su gobierno acatará el fallo y destacó: “el tribunal no va a decidir hasta junio, aparentemente, y mientras tanto tenemos que aplicar la ley, pero yo creo que ya es obsoleta”.
En respuesta, la Casa Blanca pidió al Congreso una reforma “integral” en política migratoria “a fin de reparar nuestro deficiente sistema”.
A su vez, el Departamento de Estado estadunidense exhortó a los migrantes a “no escuchar las mentiras de los contrabandistas” que les dicen que la frontera está abierta, y se aprovechan de la “vulnerabilidad” de estas personas, cuyas vidas los traficantes “ponen en riesgo. La frontera no está abierta, seguiremos aplicando íntegramente nuestras leyes de inmigración”, enfatizó en un comunicado.
La decisión de la Corte se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues, mientras activistas se esmeran por atenderlos.
En acato al Título 42, Estados Unidos expulsó a solicitantes de asilo que estaban dentro del país en 2.5 millones de ocasiones en los últimos dos años con el argumento de evitar la propagación del covid-19.
El gobierno de Biden, al igual que las organizaciones pro migrantes, argumentaron que el Título 42 es una ley obsoleta que se aplicó de manera provisional como una medida para frenar la propagación del coronavirus.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades determinaron que la medida ya no es necesaria, por lo que un tribunal menor ordenó, en noviembre, que el Titulo 42 se suspendiera el 21 de diciembre, pero antes de esa fecha los gobiernos republicanos solicitaron la prórroga a la Suprema Corte.
El gobierno de Biden, a cambio, pidió al tribunal que la medida se mantuviera solo hasta después de Navidad, lo que de hecho ocurrió.
“Estamos profundamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo a causa del Título 42, pero seguiremos luchando para poner fin a esta política”, declaró Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles.
El gobierno federal pidió a la Corte Suprema rechazar la postura de los estados, aunque reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que obedecerá el fallo de máximo tribunal, y se preparará para cuando la norma se suspenda el próximo año. “Continuaremos expandiendo las vías legales para la migración, porque el Título 42 es una medida sanitaria, no una ley migratoria que deba imponerse indefinidamente. Debemos reparar nuestro deteriorado sistema de migración y necesitamos que el Congreso adopte reformas razonables como las que propuso el presidente desde su primer día en el cargo”, indicó el comunicado.
Agregó que el fallo de ayer “da tiempo suficiente para que los republicanos dejen de hacer acusaciones políticas y se unan a sus colegas demócratas en el reto de solucionar la situación en la frontera, y de aprobar la asignación de fondos adicionales para este fin, tal y como lo solicitó el presidente Biden.
Enrique Lucero, director de atención a migrantes en Tijuana, refirió que mantener el Título 42 “no tiene sentido”, y señaló que la ciudad acumula una gran cantidad de solicitantes de asilo estadunidense. “Esa medida tiene que desaparecer tarde o temprano”, afirmó Lucero.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) dijo a Reuters que por el momento no tenía comentarios sobre la decisión del tribunal estadunidense.
