EDITORIAL
Reynosa, Tamaulipas. Dos noticias me hicieron estar mal y de malas el día de hoy.
La primera, que ha sido confirmado por funcionarios del área de Comunicación Social del Municipio de Reynosa que ya no habrá recursos para el pago a proveedores de servicios de difusión de actividades oficiales.
Ni aquí ni en el Estado. Nada. Se acabó.
El malhadado decreto que ya se publicó y está en vigor obliga a los entes públicos a destinar hasta el 0.1% del presupuesto a tareas de difusión y publicidad, lo que es prácticamente cero.
Eso deja a miles de familias de periodistas cuya principal fuente de ingresos era la publicidad oficial, en el más completo desamparo; y lo peor de todo es que ni siquiera dieron alternativas.
Municipios de otras partes del país, emanados del PAN, el PRI y el PRD, empezarán a dar la batalla con controversias constitucionales.
Por ejemplo, el citado decreto violenta la Autonomía Municipal.
Es decir, si un Estado o Municipio considera necesario que existan contratos para la difusión de sus actividades en base al Principio de Méxima Publicidad, está en su derecho de tener ese presupuesto y dispersarlo de acuerdo con sus necesidades.
A la fecha, los proveedores de servicios de difusión tenemos que cumplir con una serie de requisitos que exige la Contraloría para poder tener un número de proveedor y después de recibir el pago por nuestros servicios, pagamos los impuestos correspondientes.
Tengo entendido que ese decreto obedece a un sentido de venganza y resentimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los grandes medios de comunicación que durante décadas lo estuvieron atacando de manera visceral, pagados por el Gobierno y los empresarios que querían seguir enriqueciéndose a costa del erario público.
A partir del 2018, el Gobierno Federal cerró la llave del presupuesto de Comunicación Social para las grandes empresas de comunicación.
Pero sucede que éstas, hábilmente, hicieron contacto con los Gobiernos de los Estados y de esa manera compensaron lo que antes recibían de la Federación.
Cuatro años después, buscando quitarles también esa fuente de ingresos, se publica la nueva Ley General de Comunicación Social, que nos impacta a todos parejos, chicos y grandes.
Los grandes podrán seguir, pero las medianas y pequeñas empresas de comunicación, como los sportales informativos de provincia, están condenados a desaparecer.
Y con ello la democratización de la información.
Luego de la plática con personal de la Dirección de Comunicación Social, me fui muy triste a mi casa para darle la noticia a mi familia de que ya no contaremos con ese ingreso.
Para colmo de males, cuando iba llegando, recibí una llamada de un sujeto que dijo ser del CDG, quien dijo que su organización no extorsiona a la gente, pero sí le pide una cooperación a la gente para protegerlos de la delincuencia.
Me pidió 5 mil pesos. Yo le dije que no tenía ni un cinco y que, por el contrario, había recibido la noticia que ya no me iban a pagar más.
“No somos madres de la caridad”,-fue su respuesta, y amenazó con ir a mi casa y llevarse a mi familia, si no le conseguía esa cantidad.
Con esto ya paso a formar parte de los millones de personas en el país que viven en condiciones de pobreza, si es que no consigo pronto un trabajo, que a mi edad, ya es muy difícil que alguien me emplee.
