(Nuestro apreciado amigo y colaborador de Candelero, Ricardo Monreal, firme aspirante a la candidatura presidencial de Morena, trata a detalle el tema de la globalización del narco, su penetración en las esferas gubernamentales y como evitar nosotros más Juicios como el de Genaro García Luna).
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Intervención
oportuna y
enérgica
Ricardo Monreal Avila
La fuerza de los grupos armados de la delincuencia organizada se acentuó debido a las redes y alianzas generadas con el fin de abrir nuevas y más sofisticadas rutas para traficar estupefacientes, personas, armas y tecnología.
De ahí que los conflictos protagonizados al interior del Estado mexicano tengan repercusiones desastrosas para la sociedad civil, la cual requiere atención por parte del Gobierno: la contemplada en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
En las últimas décadas, los narcotraficantes mexicanos extendieron sus áreas de influencia en América y más de 38 países (incluyendo naciones de Europa, África y Oriente Medio); además, su expansión y alcance aumentó debido al uso de consorcios transnacionales (bancos en paraísos fiscales) para sus fines.
En Estados Unidos se expandieron en ciudades fronterizas y metrópolis como Chicago, Atlanta y Nueva York, esparciendo olas de crimen y violencia que alimentan el discurso xenófobo de importantes grupos políticos de ese país.
En ese tenor, fue el último primer mandatario panista, como ningún otro presidente antes, quien apostó por los Estados Unidos como aliado estratégico para combatir al narcotráfico y a los cárteles de la droga. No obstante, esta pérdida paulatina de la soberanía se gestó desde la administración 2000-2006, con la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Así se creó una unidad complementaria y de apoyo a los cuatro comandos militares: el Comando Norte (USNORTHCOM), con la misión de velar por la seguridad de la región y subordinado a las tareas del Pentágono, a partir de una plataforma que también buscó infiltrar a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Esa injerencia se concretó con la Iniciativa Mérida, que insertó a México en el nuevo esquema geopolítico de defensa norteamericano, contexto que permitió a agencias de inteligencia y seguridad instalarse en nuestro país. También se toleró el operativo Rápido y Furioso y se entregaron a casi todos los cabecillas de grupos delincuenciales que solicitó el vecino país.
Con la iniciativa mencionada se gestó la idea de crear una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en México, con agentes del Pentágono, la DEA, la CIA y sus contrapartes en nuestro país, para coordinar operaciones contra los cárteles, arrestar a los capos y frenar las redes de corrupción en el aparato gubernamental.
Fueron la SEMAR y la SEDENA, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, las instancias que definieron los detalles para permitir la creación de la OBI. Cables de WikiLeaks revelaron a un presidente mexicano prácticamente arrodillado, suplicando al Departamento de Estado no dejarlo solo y ayudarlo en su “guerra”.
Precisamente por eso en México deberíamos estar valorando esa estrategia y actitud de delegar la responsabilidad propia y convertir al aliado en tutor de decisiones soberanas estratégicas, como es la seguridad ciudadana.
La Corte Federal de Brooklyn no solo enjuició a un ex secretario de Seguridad mexicano, sino a toda una administración federal. Es el funcionario de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Hubo especulación y opiniones en torno a testimonios de integrantes del Cartel de Sinaloa, que corroboraron lo manifestado en 2012
por Édgar Villarreal, la Barbie, al El Paso Times y Reforma, respecto a los sobornos y reportes de los grupos delincuenciales.
Sin la intervención oportuna y enérgica del actual Gobierno mexicano hubiese podido estar sentado otro ex secretario de Estado (responsable de la defensa nacional) en esa misma corte, junto a García Luna, para ser juzgado y procesado por los mismos delitos, incluso con los mismos testigos, sin saber si las acusaciones eran verdaderas o falsas.
El combate al narcotráfico intoxicó la relación bilateral con Estados Unidos desde los años 40 del siglo pasado. En México, la impericia e improvisación de las pasadas administraciones; la visión militarizada, policial y represiva del combate, lucha o guerra contra el narcotráfico, así como la falta de un diagnóstico para enfrentar a la delincuencia organizada, dieron pie a estrategias o medidas injerencistas de la Unión Americana.
Países como Canadá respondieron a los retos con una estrategia consecuente con sus principios e historia, anteponiendo la seguridad humana, pero México se vio más vulnerable tanto al interior como al exterior, y se acusó de inconsistencias, incluso con productos endebles, como la Ley de Seguridad Nacional, sin estructuras institucionales sólidas y sin una visión de Estado democrático.
Para evitar más juicios como el de Nueva York tenemos que revisar los términos de cooperación y colaboración en materia de narcotráfico. Lo primero es prevenir y combatir la corrupción de los mandos. La información de inteligencia de los países aliados es un insumo crítico: debe ser oportuna y directa con el Ejecutivo mexicano.
Se debe cambiar el paradigma de combatir al narcotráfico, y privilegiar la atención de las causas sociales y económicas que lo detonan. Desmantelar los cárteles es bueno, pero es mejor secar las raíces económicas, sociales y culturales que alimentan a la hidra.
El combate a la impunidad es el otro elemento: en México esto significa intervenir a fondo en cuatro rubros: Cuerpos de Seguridad, Fiscalías, Judicatura y Sistema Penitenciario; para esto debe servir la cooperación, sin confundirla con sumisión.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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