EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por considerarlo contrario a la Constitución, con lo cual ese cuerpo volverá a depender íntegramente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dejará de ser parte de las fuerzas armadas.
El fallo elimina la facultad que tenía el titular de la Sedena para proponer al comandante general de la Guardía y anula el régimen por el cual la corporación reconocía a sus elementos provenientes de la Policía Militar como miembros en activo de la Defensa y sujetos al fuero castrense.
El argumento principal fue que la adscripción operativa de la GN a la entidad militar viola el artículo 21 constitucional, que define a la corporación policial como una institución de carácter civil.
El fallo de la Corte tuvo mayoría calificada de ocho votos. En contra votaron los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Varios meses de ajustes
Aunque la decisión está tomada, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que regresar a la Guardia a la SSPC requerirá de ajustes legales y operativos, por lo que planteó que es preciso fijar a los poderes Legislativo y Ejecutivo un plazo de varios meses para cumplir con el fallo de la Corte. Por ello, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, propuso al ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que relabore su proyecto de efectos de la sentencia y lo presente a votación en la sesión del jueves próximo.
En el proyecto aprobado, el ministro ponente dijo que “resultaría en un fraude a la Constitución federal afirmar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son soldados en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario castrense, desarrollando funciones militares y actuando bajo la norma de las fuerzas armadas”.
Margarita Ríos Farjat, quien votó con la mayoría, dijo que “resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo”.
“Una institución no puede ser dirigida en realidad sin tener control de su operación y su administración. Al ser castrenses estos controles, la dirección también lo es y el carácter civil queda en entredicho”, señaló.
Piña Hernández sumó su voto a la mayoría: “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras a las fuerzas armadas corresponde una tarea claramente distinta: la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas”.
Dijo que desde 2006, cuando se inició la “guerra contra el narcotráfico” y la militarización de la seguridad pública, en el gobierno del panista Felipe Calderón, “el crimen organizado se ha fortalecido y ha puesto en mayor riesgo la seguridad e integridad de los mexicanos”.
Apuntó además que la situación “ha forzado” a las autoridades a “fortalecer a las instituciones policiales que se habían tornado en insuficientes, ante la amenaza asimétrica que representan las organizaciones delictivas, por no ser lo bastante eficientes y adiestradas”.
Implicaciones militares
La Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, con más de 15 mil elementos provenientes de la Sedena y de la Secretaría de Marina, con el objetivo principal de coadyuvar a la seguridad pública en todo el territorio y colaborar temporalmente en esa misión con las entidades federativas o municipios. Al mismo tiempo se extinguió la Policía Federal.
A la fecha, la corporación tiene más de 128 mil elementos, con 281 bases en el país.
En septiembre de 2022, el Congreso de la Unión modificó diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de la Administración Pública Federal, para que la Sedena asumiera la coordinación operativa y administrativa de la Guardia Nacional.
La Jornada reveló en agosto de 2021 el proyecto de la Sedena para impulsar, desarrollar y entrenar a la GN y sumarla, primero, a su estructura operativa, y luego a la administrativa, hasta convertirla en la tercera fuerza armada.
El 13 de agosto de 2021 se modificó la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional con la creación del Estado Mayor Conjunto y las comandancias de las otras dos fuerzas armadas: el Ejército y la Fuerza Aérea.
El control operativo de la Guardia Nacional depende hasta ahora de mandos militares, al igual que la contratación, el entrenamiento y el despliegue en el país.
