EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Quito.– El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que estaba en marcha con la intención de destituirlo.
Con la disolución del Parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Argumentó que “esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y consideró que “ésta es la mejor decisión posible que nos abre el camino para recuperar la esperanza, la tranquilidad”.
Añadió que “este es un nuevo momento para el optimismo”.
Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo al orden constituido en una aparente aprobación a la decisión del mandatario.
A su vez, convocó a los ecuatorianos a mantener un clima de respeto a la ley y advirtió que no se permitirá la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y que, en ese caso, las Fuerzas Armadas y la policía “actuaremos con firmeza” para proteger la vida, los derechos y garantías.
La decisión de Lasso se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaban adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.
El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, a cuyos integrantes ha acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.
La Asamblea fue desalojada en la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impide el paso.
La situación se mantiene en aparente calma en las calles y aún no se conoce ningún pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que en los últimos años ha realizado movilizaciones y protestas que virtualmente paralizaron al país.
Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.
El abogado y constitucionalista Ismael Quintana dijo a The Associated Press que Lasso está facultado para gobernar por decreto aunque éstos sólo pueden ser de materia económica y es la Corte Constitucional la que decide si son válidos o no.
Aclaró, sin embargo, que dichos decretos podrían quedar sin efecto por decisión de la nueva mayoría legislativa que resulte elegida en los comicios anticipados, pues según la constitución deberá someter a revisión las decisiones del Ejecutivo.
El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó a Ap que “este es un mecanismo plenamente constitucional” y que la medida ayuda a destrabar la disputa entre el gobierno y la Asamblea. “Un conflicto de esta naturaleza puede durar cuatro años y es un conflicto que paraliza el país, entonces la muerte cruzada (disolución de la Asamblea) establecida en la constitución de 2008 fue diseñada para superar los conflictos políticos que ponen en jaque a las instituciones, que paralizan la institucionalidad”.
Sin embargo, agregó, el país también pierde el debate democrático porque “va a haber una voz unilateral del Ejecutivo imponiendo un rumbo sin el contrapeso de la Asamblea y pierde credibilidad el país, porque queda con una institucionalidad débil”.
Según establece la normativa, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente mientras el resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto. El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para el resguardo del Palacio Legislativo.
Lasso, que tiene apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.
