Por Oscar Díaz Salazar
Recibo un escrito denunciando al presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manrique y señalándolo de estafador, tramposo, mentiroso y traicionero.
Se trata de una Carta Abierta, dirigida a diversas autoridades del Estado y la Federación, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como a a los dirigentes de los partidos políticos nacionales, a varios periodistas de medios nacionales y al pueblo de Altamira, Tamaulipas. El documento lo firma la abogada Claudia Alejandra Muñoz Ávila, representante legal de la empresa Armatrans S.A. de C.V. y en el mismo denuncia al alcalde de Altamira por los hechos que en forma breve reseño a continuación:
En el mes de marzo del 2000, la empresa representada por la denunciante compró a los C. Armando Martínez Saucedo y María Elena Manriquez Álvarez, padre y madre del presidente de Altamira, un predio rústico de cinco hectáreas ubicado en el ejido Medrano de Altamira.
Por tratarse de una propiedad ejidal, que no contaba en ese momento con el «dominio pleno», la operación consistió en el pago por parte del comprador y la posesión del inmueble, comprometiéndose los vendedores a concluir la operación, firmando las escrituras respectivas una vez que se realizará el trámite de «dominio pleno».
El acto de compra venta, provisional hasta que el inmueble pudiera ser escriturado (dominio pleno), se celebró ante un Notario Público.
Transcurrido el tiempo y puesto en regla el asunto del dominio pleno, los vendedores se negaron a reconocer la venta y asesorados por sus hijos, particularmente por el actual alcalde de Altamira, iniciaron una seria de medidas jurídicas tramposas, para desconocer la operación, denunciar a quienes intervinieron en la misma y obstaculizar y demorar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Sin entrar en detalles del procedimiento legal, la Carta Abierta señala que las maniobras legaloides de Armando Martínez hijo, no tuvieron resultados favorables para el presidente municipal y su familia, que actualmente se resiste a acatar la indicación de un Juez para firmar la escritura y reconocer la operación conforme fue pactada en un principio.
La denunciante señala que el presidente municipal abusa del poder que hoy tiene y pretende desconocer el trato que hicieron sus padres, porque pretende quedarse con esa propiedad, para anexarla a los terrenos colindantes que recientemente adquirió.
