Ciudad de México.- En el Instituto Nacional Electoral (INE) “persisten inercias estructurales”, así como conductas administrativas graves, cuatro de las cuales fueron remitidas, por su magnitud, a instancias externas, como el Tribunal de Justicia Administrativa.
Lo anterior se detalla en el Informe Previo de Gestión y Resultados del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, en el reporte correspondiente al periodo enero-junio 2023, en el que destaca un posible episodio de corrupción en el arrendamiento de vehículos para la operación del INE en todo el país.
“En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa identificado como INE/OIC/UAJ/DS-II/G-001/2023, el OIC estima que es de interés público, dada la magnitud del importe máximo contratado de mil 37 millones, 547 mil 662.40 pesos y la repercusión negativa que podría existir en la continuidad de las operaciones ordinarias de la institución, al colocar en condiciones de riesgo este tipo de contrataciones, fundamentalmente porque representa un ejemplo de las malas prácticas que deben erradicarse en cualquier organismo, por la existencia de actos sistemáticos cuya ilegalidad ha sido confirmada por las autoridades judiciales y cuyos efectos se han prolongado por más de cuatro años”, se lee en la página 92 del informe, el cual –por razones de debido proceso– no revela los nombres de las empresas ni de los servidores públicos involucrados.
El documento está firmado por Jesús George Zamora, quien esta semana presentó su renuncia como titular del OIC del INE para incorporarse, desde hoy, al gobierno del estado de México, como consejero jurídico.
Durante su gestión fueron notorias las diferencias con los consejeros y funcionarios que entonces tenían primacía en la dirección del instituto, quienes concluyeron sus encargos el pasado 3 de abril.
Es así que el OIC hace notar la circunstancia: “el presente informe abarca tres meses del inicio del mandato 2023-2032 de la presidencia del Consejo General (Guadalupe Taddei), en los cuales de manera incipiente se percibe un cambio en la gestión administrativa y financiera, si bien persisten inercias estructurales que el órgano interno estima puedan ser superadas en el mediano plazo”.
En el documento de 116 cuartillas, que será puesto a consideración del Consejo General la próxima semana, detaca el caso de la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos efectuada en 2019 y con efectos hasta la actualidad, en licitaciones millonarias.
El asunto guarda relación con un espectro reducido de proveedores de bienes y servicios, sospecha constante del contralor, junto con la reiterada recomendación para que las unidades soliciten “sólo lo estrictamente necesario para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales”.
En cuanto al parque vehicular, se detalla que la convocatoria para este año fue rechazada por recomendación del OIC, en principio porque se indicó que el proveedor no tenía la capacidad de cumplir.
De igual forma, se advirtió que en la investigación de mercado realizada no fueron consideradas las conclusiones del asesor externo contratado para estos efectos, a quien le pagaron 406 mil pesos por su asesoría, y sugirió comprar a distribuidoras regionales vehículos nuevos (20 unidades cada dos meses), en lugar de rentar entre 150 y 376 camionetas.
En esa investigación de mercado se dijo que únicamente se contaba con una cotización, a pesar de haber identificado 32 posibles oferentes, puntualiza el OIC.
A escala general, durante el primer semestre de 2023, el OIC atendió 53 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en los que estuvieron involucradas 73 servidores públicos; seis de los 53 expedientes fueron clasificados como graves.
En la relatoría de las revisiones en curso se destaca que el anterior secretario ejecutivo no presentó los esquemas para sustentar el costo de las plazas, como las de la Unidad de Fiscalización; hay también indagatorias por posibles irregularidades desde la asignación de vehículos a personas no autorizadas hasta desórdenes contables en los convenios firmados entre el INE y los institutos electorales estatales, por mencionar algunas.
Pese a lo anterior, el OIC destaca que el inicio de la presidencia del Consejo General para el mandato 2023-2032 es una “oportunidad invaluable” para “corregir las condiciones estructurales que impiden al INE alcanzar mayor grado de eficiencia y racionalidad” en el gasto de recursos públicos.
