EL SINODAL DE TAMAULIPAS
La Paz.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia rechazó hoy el recurso de casación interpuesto por la ex presidenta Jeanine Áñez (2019-2020) y ratificó el fallo de 10 años de prisión relacionado con el caso conocido como «Golpe de Estado II».
La sentencia inicial, dictada el 10 de junio de 2022, condenó a Áñez por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. A pesar de ser apelada en segunda acción ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la ratificación de la condena allí llevó el caso al Tribunal Supremo como última instancia.
El TSJ declaró en su resolución que la petición carece de fundamentos jurídicos o argumentos fácticos suficientes para revertir la decisión previa.
El veredicto se produjo tras un análisis exhaustivo llevado a cabo por los magistrados Olvis Égüez y Edwin Aguayo de la Sala Penal, quienes, a pocos días de finalizar su mandato constitucional el 31 de diciembre, han emitido esta resolución antes de su reasunción dispuesta por la Declaración Constitucional 0049/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El abogado defensor de la expresidenta, Alain De Canedo, afirmó que se «acabaron las instancias internas» y recurrirán a la justicia internacional, en alusión a las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA).
Áñez está actualmente detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores, en la ciudad occidental boliviana de La Paz, con una sentencia de 10 años en el caso «Golpe de Estado II», por la vulneración de las normas para acceder al poder, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Se presentaron varios procesos contra Añez para juicios ordinarios.
Un primer proceso es el denominado «Golpe de Estado I» por la presumible comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. La Fiscalía concluyó la investigación y prevé que en 2024 se instalará el juicio.
Luego el caso «Golpe de Estado II», que el 10 de junio del año pasado se definió con una sentencia de 10 años de prisión para la expresidenta, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Otro proceso está referido a la designación irregular de su familiar Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz como gerente de la empresa estatal de alimentos EBA en 2020.
