José Ángel Solorio MartínezLA
Del lado de la gobernabilidad
El asesinato del candidato panista a la alcaldía de ciudad Mante, Noé Ramos, puso a prueba a la IV T. Pudo salir avante, sólo por la pericia del Fiscal General de Justicia (FGJ), Irving Barrios y la presión del gobernador, Américo Villarreal Anaya, para que se resolviera convincentemente el atentado contra uno de los más relevantes y macizos cuadros del panismo regional.
El tiempo de zopilotes es interminable.
El panismo nacional y los adversarios del presidente Andrés López Obrador, echaron a andar sus resortes mediáticos para enrarecer más el clima de violencia que prevalece en el país. Mucha tinta corrió bajo los puentes de la red mediática para intentar desestabilizar la administración de Villarreal Anaya.
No llegó a mayores el caso, debido a la pronta forma en que el aparato de procuración de justicia resolvió el ilícito.
Se percibió, en la espinosa ejecución del alcalde con licencia, la mano sensata del fiscal Barrios quien, cuidando escrupulosamente el proceso, dio certeza a la investigación y colaboró para sacar del atolladero a una IV T tamaulipeca hostigada por sus adversarios en la región y en la nación.
Las primeras horas de la muerte del candidato, el gobierno de AVA, vivió las horas más intensas desde su toma de protesta. La ola de indignación –justa y justificada de los panistas local, estatal y nacional– subió de tono inmediatamente; generó repulsión desde el mismo momento en que ocurrió la agresión.
Cientos, si no es que miles, de ciudadanos externaron su indignación al tiempo que organizaron protestas –cierre de calles y manifestaciones grupales de coraje– que amagaron con desbordar la paz social y derrumbar la gobernabilidad en la región de Mante y de la entidad.
El fiscal Barrios, a quien se le ha acusado de complicidad con el sexenio pasado de Francisco García Cabeza de Vaca, esta vez actuó con institucionalidad y habilidad. Efectivamente: el gobernador es Villarreal Anaya; pero nada le costaba al Fiscal, con las artes que ha mostrado, burocratizar la investigación y echar más leña a la lumbre y llevar a un clima de adversidad y de encono social a Mante y sus alrededores.
No lo hizo así.
Se percibió una coordinación ejemplar entre gobernador y fiscal, que dio certeza a la ciudadanía en el manejo de tan sensible asunto.
Ambos salieron ganando.
Y más, la ciudadanía.
El gobernador, porque dio muestras de aplomo ante el más complicado desafío de su sexenio; se manejó como un gobernante sensible, y prudente ante un conflicto que hubiera rebasado a cualquiera, sobre todo cuando el crimen acontece teniendo como telón de fondo unos comicios electorales polarizados.
El fiscal, porque dio muestras de colaboración y de imparcialidad en la solución del enigma que se le presentó. Nunca como ahora, el doctor Barrios, había mostrado obsequiosidad a la administración de la IV T. Esto, rompe con los diques que se habían construido –por una cosa u otra– para evitar el acercamiento entre Ejecutivo estatal y la FGE. Termina así el mito, que afirmaba la negación a la interacción con AVA.
La ciudadanía, es la más beneficiada por el resultado de la investigación y la forma en que se resolvió. Se le da una vital la garantía: la fiscalía está sobre los intereses políticos por su apego a la ley y su accionar ante quien la vulnere; sin importar las militancias.
Sin duda: una de las más contundentes reacciones de la IV T y de su Fiscal general, en el rubro de la procuración de justicia.
La gobernabilidad, estuvo a un tris de hacerse añicos en Tamaulipas.
