Por Juan Sánchez Mendoza
Hay en Tamaulipas cerca de 400 mil hectáreas agrícolas que podrían ser devastadas por la sequía que azota al campo tamaulipeco; pero, además, miles de semovientes están en riesgo de morir ante la falta de alimento y agua.
Esta situación nadie la desconoce. Pero tampoco ninguna autoridad, federal por supuesto, se ha interesado en involucrarse para ayudar a que los miles de productores agropecuarios salven sus sembradíos o ganado, aun cuando la amenaza de un colapso está latente.
Por eso cobra especial importancia la gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya ante la Federación, para dar a los agricultores y ganaderos estatales apoyos para aminorar los estragos de la sequía o, de plano, decrete estado de emergencia en toda la entidad, puesto que ese problema se sufre en el norte tanto como aquí en el centro y allá en el sur.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) todavía no concluye el diagnóstico que serviría de punto de partida para, oficialmente, declarar zona de desastre a los 43 municipios de la geografía tamaulipeca, por la falta del líquido para regar sembradíos ante la ausencia de lluvias; o hidratar a sus animales, aunque los productores empezaron a malbaratar cosechas y reses.
Ante esa pasividad, han empezado a manifestarse voces autorizadas que le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención directa, ya que los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural (Víctor Villalobos Arámbula); Medio Ambiente y Recursos Naturales (María Luisa Albores González), y el de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Román Meyer Falcón), no han convencido a la CONAGUA de esta emergencia por falta de información fidedigna –ya lo creo–, como serían un estudio de factibilidad pluvial; el análisis certero de la grave situación que enfrentan las presas en sus niveles acuíferos –lo que obviamente impide explotarlas para el riego–; y, al menos, otro estudio objetivo sobre la sequedad de la tierra, que agrietada luce ante la falta de agua.
Entidad productiva
En colaboraciones anteriores, he abordado el problema grave al que se enfrentan los productores agropecuarios y la indolencia de quienes se encargan del sector en la administración pública federal, por resultar éste un asunto que afecta directamente al desarrollo de la entidad.
Hoy insisto en ello, ya que Tamaulipas aporta al mercado nacional el porcentaje más alto en la producción de sorgo y maíz –entre otros granos de consumo humano y animal–, además de también porcentajes elevados de cárnicos.
Esto nadie lo desconoce, por lo que sería un crimen dejar sin apoyo extraordinario al campo tamaulipeco.
En fin, habrá que esperar el diagnóstico de los eruditos para que por fin se generalice la petición de decretar un estado de emergencia.
Por vía de mientras, el diputado Edgar Melhem Salinas ya pidió haya auxilio federal.
Campo abandonado
La cercanía de Víctor Villalobos Arámbula, María Luisa Albores González y Román Meyer Falcón con el presidente Andrés Manuel López Obrador está fuera de toda duda.
Refiero lo anterior porque esos tres funcionarios federales enfrentan hoy el descontento de las organizaciones campesinas que en la calle les exigen ya no retrasar la aplicación de ningún programa, pues los cambios climatológicos de los últimos meses han siniestrado millones de hectáreas en todo el país y matado miles de semovientes.
Esto me lleva a deducir que la grave crisis que enfrenta el campo de ningún modo podrá aliviarse echándole la culpa a los agricultores y/o ganaderos, dando todas las facilidades a los productores extranjeros, ni perdiendo el tiempo buscando culpables de este deplorable fenómeno provocado por el mismo hombre –durante los regímenes priistas, panistas y morenista en el menor de los casos; y mayor por el cambio climatológico–, para dar paso al análisis que permita encontrar soluciones tangibles que contribuyan a recuperar parte de lo perdido.
Pero esto sólo se lograría con disposición y se esté convencido de que nada más beneficiando a los que menos tienen es la mejor manera de avanzar juntos para enfrentar la globalización que amenaza con aniquilar el campo mexicano.
Durante los últimos días, una y otra vez, se han escuchado voces que invitan a defender los intereses del sector agropecuario. Pero son pocas las que plantean cómo y cuándo hacerlo, sin que se piense que sus emisores lo hacen única y exclusivamente para llamar la atención; buscar los reflectores o simple y llanamente por mera demagogia, como podrían ser los casos de los dirigentes partidistas –de todos los partidos políticos, sin excepción–, que nada coherente plantean al respecto y sí, por el contrario, coinciden en señalar que el campo mexicano no puede esperar más.
No sólo porque ya se ha esperado demasiado, casi un siglo, sino porque la sequía, en lo que respecta a la agricultura y ganadería, ha activado una verdadera bomba de tiempo.
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