José ángel Solorio Martínez
Muy grande será la tarea de la Legislatura 66 de Tamaulipas. A partir de su instalación, –el 1 de septiembre– enfrentará una agenda parlamentaria de suma importancia para la vida sociopolítica de la entidad. Primero: tendrá como acción inicial, el desmantelamiento con las reformas constitucionales para desmantelar el viejo régimen; desplazar el marco jurídico que permitió al ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, estar enquistado por dos años más luego de haber concluido su administración.
Será altamente benéfico para la sociedad, esas acciones legislativas; sobre todo, porque esas leyes, ni abonaron al desarrollo democrático del estado, ni se realizaron para beneficio de la ciudadanía, y sí para mantener privilegios económicos y políticos de una élite que devino en multimillonaria con el robo y el despojo como sus herramientos para acumular esa demencial riqueza.
Tamaulipas será otro, a final del año 2024.
Tiene todo, para convertir la convivencia social de los tamaulipecos, en una relación saludable y democrática.
La mayoría calificada en el Congreso y la mayoría absoluta de los Ayuntamientos, es el bono democrático que el pueblo entregó a la IV T de la región.
No hay, ni deben aflorar justificaciones para no obedecer el mandato de la sociedad.
La coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, debe generar cambios sustanciales en la estructura de autoridad en los muncipios y en la Entidad.
Sólo falta, la hoja de ruta para dar el banderazo para la demolición de los legados –jurídicos y políticos– de los gobiernos neoliberales locales.
Otra asignación que viene, son los cambios Constitucionales en el país, para la renovación del vetusto Poder Judicial , que tanto ha quedado a deber, en la impartición de justicia pronta y expedita, sobre todo a los mexicanos desprotegidos. Desde que dejaron atrás el Estado benefactor, los adoradores del Rey Mercado, la Ley se transformó en una mercancía y el Amparo, fue un instrumento para salvar las canongías de las élites, los poderosos.
Recordemos, los Amparos que obligó a retrasar el Tren Maya; el regreso de los fondos millonarios obtenidos por Genaro García Luna, que tuvo que hacerse en beneficio de la esposa del Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón; la dilación del pago de más de 30 mil millones de pesos al SAT, del charlatán multimillonario, Ricardo Salinas Pliego.
Y un sin fin de etcéteras.
Es muy probable, que el 2025, se pongan en marcha, las adecuaciones a la Constitución tamaulipeca, los mandatos de la Reforma Judicial.
¿Quién conducirá en la Legislatura 66 –L66– esas fundamentales ordenanzas para la vida sociopolítica de la entidad?
Sólo hay dos diputados: la tampiqueña, Úrsula Salazar Mojica y el reynosense, Armando Zertuche Zuani.
Salazar Mojica, dejo el cargo de legisaldora en la L65, para buscar su reelección en uno de los distritos locales más complicados de Tampico. No la llevaba fácil: contendió contra el PAN, en su búnker histórico. Sacó la victoria, derrotando sin cuestionamientos a la propuesta panista. No es un improvisada: ocupó el liderazgo de la mayoritaria fracción palamentaria de MORENA, por dos años. De las mujeres diputadas electas, es sin duda la de mayor potencia por su liderazgo y su experiencia.
Zertuche Zuani, también desplegó el rol de dirigente de la Mayoría Calificada en la L65. La compra de diputados –tres damas morenistas, optaron por vender su alma al diablo–: recibieron beneficios económicos para acabar con la decisión del voto popular, y defenestrar al reynosense de su legítimo cargo.
A partir del 2025, Tamaulipas mostrará otro rostro.
Opóngase quien se oponga: el Segundo Piso de la IV T, arrasará con todo vestigio neoliberal en la región.
