-Deberían analizarse a fondo los acuerdos internacionales
-Los Derechos Humanos no deben proteger a infractores de la ley
-Cierto, preferible un delincuente libre que 10 inocentes presos, pero…
H. Matamoros, Tamaulipas.-El diputado federal electo RICARDO MONREAL ÁVILA es claro
y contundente al afirmar que a partir del primero de septiembre se iniciará el
procedimiento legislativo para reformar el Poder Judicial de la Federación.
Concluidos los foros programados para legitimar tal iniciativa que forma parte del paquete
enviado a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero por el presidente ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como la discusión y análisis en la Comisión de Puntos
Constitucionales en el palacio legislativo de San Lázaro, todo está listo para entregar la
ofrenda al creador del Movimiento de Regeneración Nacional.
Obviamente, la reforma al Poder Judicial que destaca la elección por voto popular de
jueces, magistrados y ministros mantiene polarizada la opinión pública e, incluso, criterios
de los impartidores de justicia pertenecientes a ese Poder constitucional.
La controversia se centra en el fin de la carrera judicial para los togados, al anteponerse la
empatía ciudadana a los conocimientos jurídicos necesarios para hacer respetar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, la polarización se refleja en el hecho de que ministros, magistrados y jueces
solo atienden una mínima parte de los casos que involucra al Poder Judicial de la
Federación. El porcentaje mayoritario se centra en los poderes judiciales estatales,
incluyendo la procuración de justicia.
Sin embargo, la pugna del jefe del Ejecutivo federal con los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación es lo que realmente ha dado paso a la pretendida reforma judicial
y no necesariamente a una reforma integral de procuración e impartición de justicia que,
eso sí, es lo justo, urgente y necesario.
Al margen de a quién le asista la razón, lo cierto es que existen casos concretos que ponen
en tela de duda la actuación de la justicia federal, bien sea por desconocimiento jurídico o
por fallida decisión de los juzgadores.
Por ejemplo, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito como
tribunal de alzada resolvió el 16 de diciembre de 2016 que dejó firme la sentencia
absolutoria de 13 de septiembre de 2016 dictada por el Juzgado Primero de Procesos
Penales Federales en la Ciudad de México que absolvió del delito de abuso sexual al
periodista capitalino ARTURO ZÁRATE VITE.
“Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como
en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes”, reza otra parte del resolutivo del
Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
El Tribunal resolvió que con sustento en el artículo 102 de la legislación procesal aplicable
se declara que dicho fallo es irrevocable y que por ende ha causado ejecutoria para los
efectos legales que haya lugar. Sin embargo, a principios de año el magistrado JORGE
FERMÍN RIVERA, extrañamente, ordenó reabrir el caso.
Ante tal situación, el comunicador solicitó el recurso de revisión a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mismo que fue admitido por la ministra presidente NORMA PIÑA y
turnado a la Primera Sala, estudio y proyecto encomendado al ministro JUAN LUIS
GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, quien con su resolutivo-por no ser tema de
controversia constitucional- prácticamente revictimizó a la víctima.
Otro ejemplo que pone en tela de duda la objetividad de los acuerdos internacionales y la
función del Poder Judicial de la federación, es el caso del empresario ARMANDO
PASSAMENT LÓPEZ, quien enfrenta una denuncia por el delito de fraude.
A pesar de la reincidencia del acto (estuvo detenido en ciudad Reynosa por el mismo
motivo) defraudó a otra persona en Matamoros por lo cual un juez de control libró una
orden de aprehensión en su contra.
Tras ser localizado por agentes de la Policía Investigadora, PASSAMENT LÓPEZ por medio
de su abogado DANIEL VARGAS, logró una suspensión provisional que le otorgó un Juez
Federal en Materia de Amparo.
Anteriormente, el defraudador acudió a varias audiencias del mecanismo de mediación
con la intención de llegar a un acuerdo con su acusador lo que evidencia el
reconocimiento de su responsabilidad.
Justo ahí es donde surge la duda acerca de la imparcialidad y objetividad de la protección
de la justicia federal, pues todo parece indicar que ese derecho es una herramienta que
beneficia al presunto culpable pero que deja en estado de indefensión al acusador.
Mientras tanto, gracias a esos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos
y la presunción de inocencia (aunque existen indicios que demuestran lo contrario), el
fraudulento individuo goza de su libertad y la víctima enfrentando las consecuencias de la
pérdida de su patrimonio familiar.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Antes de irse a…su rancho, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR muy
seguramente verá aterrizado su proyecto de reformas constitucionales y, al mismo
tiempo, su venganza en contra del Poder Judicial de la Federación.
Otra vez…ni hablar.
II.-La Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Comunicadores de los Estados
Unidos y México (ANPLC USA-México) se solidarizan con la compañera colombiana DIANA
VARGAS, quien junto con sus familiares enfrentan la incertidumbre generada por la
desaparición forzada de su familiar JOHN FRANK VARGAS, en hechos ocurridos la semana
pasada en aquel país. DIANA VARGAS y MARITZA GIRALDO fueron las encargadas de la
logística local en los trabajos de la V Cumbre Internacional de Periodismo que se llevó a
cabo en Casanare, Colombia, en mayo de 2022, organizada por Compañeros
Internacionales de Periodistas y Editores (CONAPE).
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
