La militarización del país ha aumentado la violencia contra los presos, siendo víctimas de tortura y maltrato dentro de las cárceles.
Por Ignacio García/EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Nueva York, E.U.- El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria reportó que en México hay 90 mil presos sin sentencia, donde alrededor del 50 por ciento están sujetos a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios que se han convertido en una práctica generalizada.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo de la ONU, la detención arbitraria es una práctica generalizada en la que existen diferentes deficiencias en el sistema de justicia penal, en los cuales se incluyen la figura de arraigo, así como la prisión preventiva oficiosa que violan el derecho a la libertad.
La ONU refirió que es preocupante que la prisión preventiva oficiosa sea excesivamente prolongada, debido a que detectaron a personas que han pasado más de cinco años de cárcel con una población encarcelada que acumula a más de 230 mil reos.
Asimismo, alertó sobre la militarización del país, ya que más de cien mil soldados realizan labores policiales y de control migratorio, lo que ha provocado un aumento de la violencia contra las personas detenidas, los homicidios y las desapariciones y el personal militar cometió diferentes actos de violencia y tortura contra la población.
Recordó que desde 2006, durante la administración de Felipe Calderón, el gobierno federal ha adoptado un enfoque más punitivo hacia el uso personal de drogas y la venta de drogas conocido como el narcomenudeo, aunado a que ha incrementado el encarcelamiento de personas consumidoras de este tipo de sustancias.
De la misma manera, enfatizó que el gobierno federal ha fabricado cargos contra personas inocentes, y aunque celebró la Ley de Amnistía que promulgó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sólo 424 personas han sido liberadas.
También indicó que el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito de flagrancia provocan carencias en las condiciones de aprehensiones de las personas que presuntamente cometieron algún delito grave.
