En lugar de cumplir con su responsabilidad de prestar un servicio eficiente en la distribución de agua en Ciudad Victoria, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), que dirige el ingeniero Eliseo García Leal, tomó la decisión de duplicar el cobro de la cuota mínima a todos aquellos usuarios que no tienen medidor, ya sea porque el mismo organismo no lo ha instalado o haya sido robado por los delincuentes.
Sin previo aviso a los 125 mil usuarios que tiene en la capital tamaulipeca, la Comapa duplicó en forma abusiva la llamada cuota mínima, puesto que de 150.00 pesos pasó a 300.00 pesos por mes, cuyo incremento lógicamente causó la indignación de sus clientes cautivos que de inmediato alzaron la voz en contra de las autoridades municipales.
Y para el colmo de males, los usuarios que reclamaron que se haya duplicado la cuota mínima recibieron un trato despótico y altaneros de empleadas y empleados de la Comapa, a tal grado que los mandaron con “cajas destempladas”, como dice el viejo refrán, a comprar un medidor en alguna ferretería de la localidad.
Incluso, las empleadas y empleados les dijeron que después de comprar el medidor, deberán instalarlo e ir a las oficinas de la Comapa a fin de reportar que ya cuentan con este equipo para que vaya un técnico a supervisar y comenzar el registro del consumo del vital líquido.
Vaya desfachatez de empleadas y empleados de la Comapa, puesto que la obligación de instalar los medidores es de este organismo, que sigue siendo incompetente a pesar de que el ingeniero García Leal conoce muy bien la operación del mismo porque ha estado al frente en tres ocasiones.
García Leal argumenta que recibió un organismo en quiebra y con enormes pasivos desde que fue designado gerente de la Comapa en el 2021, sin embargo, ya pasaron tres años y no mejora su servicio, sobre todo en época de estiaje hay sectores de la población que carecen del vital líquido por varios días a la semana.
También resultó todo un fracaso la distribución de agua a través de pipas, como se pudo constatar ante el hecho de que se creó un “mercado negro” en la pasada época de estiaje, según denuncias de los usuarios en las colonias populares que pagaban una cuota extra para recibir el vital líquido.
No se puede dejar de mencionar el fiasco que resultó el programa de tandeo de agua”, luego de que la Comapa anunciaba que algunas colonias tendrían agua por la noche, por lo que la gente se esperaba hasta muy tarde a recibir el vital líquido en sus casas y a la mera hora no llegaba.
Es por eso, ahora que existe la posibilidad de que la Comapa de Victoria pase a formar parte de la administración estatal, surgió la esperanza de que mejore el servicio para que la capital tamaulipeca no vuelva a tener el problema de escasez del vital líquido y que los medidores sean instalados en forma gratuita en todos aquellos domicilios que no cuentan o carecen de este equipo.
En otro tema, aunque jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) se sintieron traicionados luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que preside la ministra Norma Lucía Piña Hernández, decidió por mayoría y después de una acalorada discusión que se ignoraran los amparos emitidos en contra de la reforma judicial de López Obrador, con lo que se destraba el proceso legislativo a fin de preparar la primera elección de juzgadores para el 1° de junio del 2025.
La votación en el CJF se realizó de la siguiente forma: de 7 integrantes, 4 votaron por no acatar las medidas cautelares dictadas en más de 70 suspensiones provisionales contra de la reforma judicial y 3 a favor de que se mantuvieran.
Los 4 que votaron para que se ignoraran los amparos fueron de Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz Vázquez, Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García, en tanto los 3 que votaron en contra fueron de la propia ministra presidenta Piña Hernández, así como los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez.
En la sesión del CJF se otorgaron algunas concesiones a favor de los jueces, magistrados y empleados del PJF que mantienen el paro de labores desde el pasado 19 de agosto, entre las que se encuentra el pago de salarios y prestaciones para el resto del 2024.
También se acordó que no se aplicará de inmediato la disposición de que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, puesto que afectará a ministros, jueces y magistrados, cuyos salarios superan por mucho ese límite.
Asimismo, se realizará un estudio para un programa de retiros voluntarios, así como también analizar el acceso a pensiones complementarias para jueces que aún no han sido ratificados en sus cargos.
Otra concesión fue que no se iniciarán acciones disciplinarias en contra de ministros, jueces, magistrados y empleados del PJF que han participado en el paro y reducir las cargas de trabajo que se han acumulado durante los dos meses de interrupción de actividades.
Por último, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Humberto Prieto Herrera, amenazó con descontarle las faltas que tendrá en el futuro el ahora diputado local Ismael García Cabeza de Vaca, quien supuestamente fue contagiado por el Covid-19, pero en realidad porque temía ser detenido por supuestos delitos que cometió durante la pasada administración estatal.
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