Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como en botica, hay de todo. Uno de los
aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas es José
Alfredo Martínez Chabrand, proveniente del establo de Don Jorge Espino
Ascanio en la Auditoría Superior del Estado.
Fue asesor jurídico de la ASE. Tiene antecedentes como fiscal de la
federación en el sureste del país ¿posibilidades de ser nominado?. Lo
dudamos.
Hay una docena de “suspirantes” por la chambita que dejará Raúl
Ramírez a partir del último de este mes.
Se perfilan dos que podrían recibir los votos necesarios del Congreso del
Estado: Jesús Eduardo Govea Orozco y Raúl Hernández Chavarría, que ya
han participado en el grupo de combate a la corrupción en las filas de la 4T.
En septiembre del 2023 Govea fue nombrado Zar Interino. Se retiró
cuando Don Raúl consiguió un amparo para seguir cobrando.
El gobierno americanista necesita un fiscal “de hierro”, que aplique las
Ley en sus términos, que no duerma como Rul, persiga a los delincuentes,
desempolve los expedientes que duermen en la Fiscalía, lo que permite que
algunos delincuentes anden sueltos.
Eduardo nació en Morelia Michoacán el 22 junio 1969. Abogado por la
UAT, maestría en Derecho. Hace años trabajó en la entonces Procuraduría
de Tamaulipas. Fue Subdirector de Averiguaciones Previas, instructor de
formación de Ministerios Públicos, catedrático en La Salle.
Hernández Chavarría es titular de Inteligencia Financiera. Originario de
Tampico, se tituló de contador y abogado. Hermano de Eduardo, ex
diputado local.
Desde IF ha dado la batalla para tratar de sentar en el banquillo a los ex
funcionarios bandidos, pero se topó con Ramírez Castañeda, siempre
dispuesto a proteger pillerías de los panistas. Como representante de la
sociedad sería un buen Zar Anticorrupción.
De los restantes no hay a quien irle. Casi todos vienen de la Fiscalía de
Irving Barrios.
Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, ocupó la jefatura de Seguimiento
de Causas del Poder Judicial en 2019. Tiene antecedentes como asesor –
cobrador- jurídico en varias empresas. En 2004 le entró el gusanito de la
política y fue suplente de alcalde en la planilla de Enrique Yáñez Reyes,
postulado por el PRD-Convergencia por Victoria. Sale sobrando decir que
perdieron.
Irene Josefina Rivera Vázquez tiene una larga historia en la entonces
Procuraduría, como fiscal en Ciudad Victoria. Sigue con Barrios.
Angel Avila Rodríguez le pega a todo lo que se mueva. Quiso ser
presidente de Derechos Humanos.
Luis Ramiro Olvera Terán, egresado de la UAT, también está ligado a la
representación social donde dice que fue Auxiliar del Procurador entre
2009-2011 y Supervisor de Procedimiento Penal.
De Miranda Zavala Rodríguez, encontramos que labora para el chilango
Barrios Mojica, lo mismo que Efraín González Aranda ¿los mandó él? Difícil
saberlo.
Martín Lozano Méndez, es más conocido como abogado de un
funcionario de Seguridad Pública acusado de asesinar a su esposa,
española, cuando venían de pasear en La Pesca. Laboró en la General de
Gobierno como jefe de departamento. Es asesor jurídico del ayuntamiento
Nuevo Laredo, donde le hace falta a Carmen Lilia.
No están las “vacas sagradas” del Derecho que, por pasar por el
Tribunal de Justicia, piensan que hay obligación de darles chamba, ni los
cartuchos quemados de otros sexenios.
Cualquiera que quede será mejor que Raúl. Tendrá mucho trabajo,
apurar los expedientes de los presuntos delincuentes del anterior sexenio
antes que ganen por caducidad.
El Congreso hará las entrevistas personales este jueves. Hay sesión
plenaria en que podrían subir otros temas de interés. La 66 legislatura que
lidera Huberto Prieto Herrera empieza a agarrar el ritmo.
Hablando de “cartuchos quemados”, Javier Villarreal Terán (¡salucita!
caballero), que por descuido de Dios y órdenes del sombrerudo Cavazos
Lerma pasó por el ayuntamiento de El Mante, fue sancionado por el INE por
no reportar gastos ¡en la precampaña del 2021! de Morena.
La sentencia llegó años después, pues la falta la cometió el 19 de
febrero del señalado, cuando el muchacho publicó en redes con mucho
orgullo “me registré como precandidato” a diputado.
Pasó sin pena ni gloria por el Congreso. En 2024 quiso ser federal pero
no tuvo padrinos. Ahora el aficionado a las guarapetas deberá sacar de su
bolsa para defenderse. Tiene recurso ante el TRIFE.
De esa época y desde antes hay otros “castigados” como Carlos Eliud
Pérez González e Irma Sáenz Lara.
La verdad es que los consejeros del Instituto andan un “poquito”
atrasados. Abrieron juicio en contra de José Antonio Leal Doria, candidato a
diputado pluri, primer lugar de Morena, quien falleció el mismo día de la
elección.
En 2020 le mandaron oficios de requerimiento pero “no se obtuvo
respuesta” ¿qué no sabían que murió?.
Para que a la próxima estén más listos los suspirantes: Todas y todos
aquellos que exhibieron su registro como precandidatos de Morena -que
mandaron por Internet- fueron iniciados con procesos. ¡Aguas!.
