La Comuna

Opinión

 

José Ángel Solorio Martínez

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez está a un paso de enfrentar al Cabildo y llevar el municipio a la ingobernabilidad. Un avance de las contradicciones entre el presidente municipal y los ediles es la resistencia de 9 de ellos para aprobar la ley de ingresos del municipio para el 2025.
La falta de consensos, del jefe edilicio se explica por la forma autoritaria de conducir el Ayuntamiento. Su familia –esposa e hijo–, han monopolizado los contratos de obra pública, mediante interpósitas personas han desplazado a los constructores locales.
Otro elemento que ha generado la insurrección de síndicos y regidores es el manejo patrimonial del partido MORENA en el municipio.
Ha colocado a sus incondicionales y amigos de su esposa y descendencia, en cargos directivos de relevancia; ha soslayado, a la verdadera militancia local creando desaliento y distanciamiento del partido.
Se agravan los problemas del alcalde, con la denuncia por despojo de varios terrenos ejidales.
La denuncia, está dirigida también en contra de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría Jurídica.
Los hechos se llevaron a cabo en el ejido Villa de Altamira.
La queja, está en manos de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas.
En forma arbitraria, el alcalde Martínez Manríquez se apropió de una porción de la parcela para hacer una calle. La superficie expropiada ilegalmente por la autoridad municipal, es de aproximadamente 2 mil metros cuadrados.
Los afectados y sus abogados, reclaman la reparación del daño.
No ha habido respuesta.
Irving Barrios, el fiscal general, no ha intervenido en este caso de reclamo de justicia de un ciudadano vapuleado por las autoridades municipales.
Los quejosos, ante la lentitud de la justicia preparan una manifestación de protesta en la capital del estado. Van a informar al secretario general de Gobierno Héctor Villegas, del comportamiento fuera de la ley del presidente municipal, Armando Martínez.
En el escenario político municipal, no se descarta un cabildazo, toda vez que los ediles inconformes tienen abrumadora mayoría.
La abogada que asesora a los despojados, es Gabriela Ibarra Lozano, le recomienda al alcalde “no gaste en publicaciones en Facebook, mejor junte el recurso económico para hacer un acuerdo reparatorio con mi cliente dentro de la denuncia. Usted y su administración despojó más de 2000 metros de parcela de mi cliente, taló árboles de 50 años…”
De esa forma, Martínez Manríquez tiene dos frentes abiertos: la mayoría de los ediles en el Cabildo y una parte de la población irritada por los abusos de diversas áreas del Ayuntamiento.
El Segundo Piso de la IV T, no llegará a este terruño tamaulipeco.
El nepotismo, el poder no para servir sino para servirse, y el uso del partido para fines patrimoniales, están acabando con el anhelo de muchos altamirenses.
Armando, representa la continuidad de lo peor del PAN y el PRI

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