POR ARABELA GARCIA ……
Al hacer un balance de la administración de Andrés Manuel López Obrador, emergen múltiples
promesas inconclusas, especialmente en el ámbito educativo. Uno de los temas más destacados
ha sido el impulso a las universidades, que se esperaba diera un significativo empuje a la
educación superior en México. Sin embargo, a medida que pasan los años, el panorama parece
estancarse. Esta situación no solo afecta a las instituciones educativas, sino también a los jóvenes
que buscan un futuro mejor a través del conocimiento.
Un ejemplo local de este fenómeno es el exalcalde de Matamoros, Mario López, apodado «la
borrega», quien intentó replicar la propuesta de educación superior de López Obrador. Sin
embargo, sus esfuerzos se vieron limitados y carentes de una visión clara que garantizara un
verdadero impacto en la comunidad. En lugar de fortalecer la educación, se percibieron acciones
superficiales que no abordaron las necesidades reales de la población.
Por otro lado, el gobierno ha optado por eliminar programas que, aunque algunos eran
deficientes, cumplían funciones importantes para muchos ciudadanos. Es cierto que había
iniciativas susceptibles a la corrupción, pero el verdadero desafío radica en la supervisión y la
rendición de cuentas, no en la simple eliminación. Muchas organizaciones de la sociedad civil
actúan como paliativos, ofreciendo apoyo y soluciones a los problemas más apremiantes. Sin
embargo, la tristeza de la situación actual es palpable: en lugar de construir sobre estas iniciativas,
el gobierno parece decidido a desmantelarlas.
Es fundamental que el enfoque no se limite a la reducción del gasto público, sino que se centre en
la inversión inteligente en programas que realmente beneficien a la sociedad. Eliminar sin una
estrategia clara solo profundiza las brechas sociales y económicas. La falta de una visión a largo
plazo y un compromiso genuino con la educación y el bienestar social deja un vacío difícil de
llenar, dejando a la población en un limbo de promesas y expectativas incumplidas.
La gestión pública debe trascender decisiones rápidas y superficiales. Necesitamos un gobierno
que, en lugar de quitar, supervise y apoye; que trabaje de la mano con la sociedad para construir
un futuro más equitativo y justo. Este es un momento crucial para replantear prioridades y
fomentar un verdadero cambio que beneficie a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que
ven en la educación su única salida.
El proyecto educativo anunciado en 2019 por el presidente López Obrador, conocido como
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), prometía ofrecer carreras
profesionales a estudiantes de escasos recursos según las “necesidades específicas” de sus
municipios y regiones. Sin embargo, hoy solo existen instalaciones a medio construir, terrenos
baldíos sin signos de edificación, y cifras infladas de estudiantes y docentes. En las pocas sedes que
operan, prevalece la desilusión entre alumnos y maestros debido a las múltiples deficiencias en su
funcionamiento.
Además, gran parte del gasto público destinado a estas instituciones se mantiene en la opacidad,
ya que sus responsables no permiten conocer los detalles sobre cómo se han ejercido estos
millonarios recursos. Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la
Cuenta Pública 2022, el organismo coordinador de las Universidades del Bienestar debe aclarar el
destino de 66 millones 981 mil 578 pesos, ya que los reportes de gastos no coinciden con la
documentación revisada.
Uno de los montos a esclarecer supera los 46 millones de pesos, ya que, según la investigación
contable de la Cámara de Diputados, en el informe del órgano directivo de la UBBJG “no se
presentó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria sobre el ejercicio del
recurso público federal en 19 sedes educativas”. La ASF también detectó que otros 17 millones
320 mil pesos se gastaron en “ayudas sociales” entregadas a 26 docentes y 75 trabajadores
administrativos que no cumplían con los requisitos de las convocatorias emitidas, es decir, a
personas sin el perfil ni la preparación para el cargo.
El año pasado, AMLO aseguró que la UBBJG contaba con 203 sedes ubicadas en 31 entidades del
país, con una matrícula de 33 mil 500 alumnos y 700 docentes, y que se impartían 37 carreras del
área de salud a nivel licenciatura. Sin embargo, en su mensaje presidencial del 1° de septiembre de
2023, incluyó “otros datos”, afirmando que la institución contaba con 200 sedes y una matrícula
de 62 mil 775 alumnos y mil 393 maestros.
En un boletín de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la directora general de la UBBJG, Raquel
Sosa Elízaga, informó que hasta 2022, el Gobierno Federal había destinado cuatro mil millones de
pesos para la instalación, equipamiento y operación de sus unidades educativas en todo el país. La
Cámara de Diputados aprobó un gasto de mil 547 millones de pesos para este año; casi 71
millones de pesos más que en 2023, cuando se ejercieron mil 476 millones.
Las denuncias sobre irregularidades en las Universidades del Bienestar abundan en redes sociales.
Una de ellas, suscrita en mayo pasado por la Red Nacional Estudiantil de la UBBJG, mostró
fotografías y textos de protesta de estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la
UBBJG en Atlamajalcingo, Guerrero, quienes demandaron espacios para realizar sus prácticas
profesionales. A principios de 2024, alumnos de enfermería de Tlanchinol, Hidalgo, fueron
suspendidos sin explicaciones, lo que provocó una protesta pública.
En otro mensaje difundido en redes, se denunció que, desde agosto de 2023, estudiantes de
medicina de la sede de la UBBJG en Zomajapa, Veracruz, toman clases en “salones provisionales”,
habilitados en un terreno donde solo hay varillas y otros materiales esparcidos, debido a que la
construcción del plantel fue interrumpida. Así podría seguir la lista de inconformidades por
promesas no cumplidas.
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