EL SINODAL DE TAMAULIPAS
Reynosa Tam.- La desigualdad en el trato a los trabajadores que laboran en el sector salud y específicamente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con respecto al que se otorga al resto de las dependencias públicas que son favorecidas con medidas de protección y confinamiento en casa, por objeto de la situación de riesgo por la pandemia de coronavirus; obligó a un grupo de 29 empleados de la Clínica Hospital “Dr. Baudelio Villanueva Martínez” del ISSSTE en Reynosa, a solicitar amparo de la justicia, contra un acto de autoridad que los obligó a reanudar labores a pesar de contar con edad avanzada y enfermedades crónico degenerativas.
Muchos de estos empleados son portadores de diabetes, hipertensión, obesidad, Artritis; además del cáncer, enfermedades inmunológicas, padecimientos pulmonares, cardiológicos, renales, hematológicos y discapacitantes, entre otros, ampliamente contemplados en los criterios de vulnerabilidad y riesgo, dictados por el Consejo General de Salubridad y la Secretaría de Salud Federal.
Por razones de obvia confidencialidad, omitimos los nombres de los empleados afectados, hombres y mujeres, en su mayoría médicos, enfermeras y químicos adscritos a esa unidad hospitalaria; cuyas familias se encontraban muy angustiadas ya que por simple estadística y tomando en cuenta la letalidad promedio del SARS-CoV2, si las 29 personas vulnerables enfermaran, al menos 5 de ellas morirían y, para nadie es desconocido el incremento en los casos positivos de COVID-19, en este municipio y en los de mayor densidad demográfica en Tamaulipas y por añadidura el riesgo de contagio es aún mayor en las unidades médico hospitalarias.
El representante común DR. LUIS OTONIEL SALINAS SALINAS, dijo que en un inicio la autoridad judicial representado por el Juez octavo de distrito, FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ, pretendió canalizar la demanda a través de la Junta Especial Federal No.60 de la localidad, pero los magistrados del segundo tribunal colegiado en la ciudad, resolvieron en un recurso de queja presentado por los perjudicados, que el juzgado distrital aludido, debió, admitir la demanda de amparo, otorgando de plano la protección a los empleados vulnerables, con alto riesgo de enfermar, complicarse y morir por COVID-19.
La autoridad responsable es el ISSSTE y entre ellos se señala al Delegado Estatal ARIEL GÁMEZ CRUZ; al DR. JUAN HÉCTOR BRISEÑO Director; DR. ANDRÉS ARREDONDO MIJARES, Subdirector Médico y ELDA FRAGA PINEDA, responsable del área de Recursos Humanos; quienes a pesar de las condiciones deplorables que guarda dicho hospital y el número de muertes que por coronavirus ha presentado entre el personal de salud; presionaron a los trabajadores vulnerables, al grado máximo de hacerlos retornar a las labores.
En esa abyecta maniobra les infundieron miedo a perder su trabajo y así despojarlos de sus prestaciones como vacaciones, permisos por antigüedad, permisos económicos, convenios y más, al asegurar que tenían que cubrir las inasistencias que tuvieron, al supuesto amparo del decreto presidencial que nunca se respetó tal cual; incluso a quienes les fue imposible asistir por motivo de sus padecimientos, fueron despojados de sus sueldos, que a decir del gobierno federal tenían plenamente garantizado, además de todas sus prestaciones y que ya se vió, lamentablemente no fue así.
El grupo de trabajadores y los demás afectados, analizan si denuncian lo que puede configurar hechos delictivos; ya que no fueron pocas las veces que a los directivos se les advirtió la falta de cumplimiento a los decretos, acuerdos y hasta la propia constitución del país que ofrece como garantías de todo mexicano los Derechos Humanos de Protección a la Salud y de manera relevante el derecho a la vida.
“Para nosotros y nuestra familia se volvió un asunto de vida o muerte, de hecho en el momento un médico especialista de los ahora amparados se debate entre la vida y la muerte al presentar cuadro grave de COVID-19 que contrajo al realizar sus labores normales, el esposo de una de las químicas, que fue obligada a retornar y posterior a que ambos fueran contagiados, murió por la misma causa, durante este lapso de intransigencia”. – aseguró- el Doctor Luis Otoniel Salinas.
La necedad de las autoridades institucionales de no acatar los acuerdos generados a partir del decreto presidencial de 23 de marzo de 2020, cuya vigencia no termina hasta que el gobierno federal decrete el cese de la contingencia por COVID-19; ha provocado que los trabajadores vulnerables del ISSSTE, pongan en riesgo su patrimonio social representado en un empleo con servicio médico y demás prestaciones como el derecho a vivienda digna.
Pese a ello, los directivos no han reflexionado, el gasto que representa a la institución pagar accidentes de trabajo e indemnización correspondiente a todo el personal que adquiere la enfermedad COVID-19; incluso si muere el trabajador activo además del pago de seguro FONAC, sus familiares se harán acreedores a un pago de 108 meses de salarios, pago del seguro institucional, sin contar con la respectiva pensión de viudez o la que se otorga a hijos menores según sea el caso.
La población vulnerable portadora de comorbilidades, al adquirir el coronavirus, tienen la posibilidad de presentar cuadro grave en un 60 a 80% y por consecuencia muchos de ellos morirán, habían señalado previamente los demandantes.
