Moscú.- Cuando todavía no concluye la llegada de los civiles azerbaiyanos a los poblados que abandonaron los armenios en Nagorno-Karabaj, quemando sus casas y llevándose los restos exhumados de sus antepasados, la pregunta que todos se hacen en Rusia es cuándo va a estallar la bomba que encierra el irresuelto conflicto de la República de Transdniéster, territorio moldavo que se declaró independiente al disolverse la Unión Soviética.
A diferencia de su colega azerbaiyano, Ilham Aliyev, la presidente electa de Moldavia, Maia Sandu, quien tomará posesión el próximo 24 de diciembre, no pretende recuperar mediante una guerra lo que la comunidad internacional reconoce como parte de la integridad territorial moldava.
Pero desde sus primeras declaraciones, Sandu enfatizó que no piensa pagar la deuda de 7 mil millones de dólares que acumula el gobierno separatista de Transdniéster por el gas natural suministrado por Rusia y también instó al Kremlin a sentarse a negociar el retiro de las tropas rusas estacionadas ahí.
Rusia mantiene en Transdniéster un contingente de pacificación de mil 700 soldados de élite y un número no especificado de efectivos que forman un llamado Grupo Operativo del ejército ruso, cuya misión oficial es custodiar los arsenales que se llevaron ahí, al desintegrarse la organización del Pacto de Varsovia, tras la caída del muro de Berlín, desde Alemania Democrática, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y restantes países del entonces campo socialista.
Al exigir que se vayan los militares rusos, Sandu se refiere sólo al Grupo Operativo, que nunca se acordó con el gobierno moldavo, al tiempo que plantea que el contingente de pacificación sea remplazado por casos azules de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OCSE), lo cual no se puede lograr sin la aceptación de Rusia y del gobierno de la República de Transdniéster.
La presidenta electa de Moldavia se basa en la resolución aprobada en 2018 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que exige “el retiro completo e incondicional de todas las tropas extranjeras en la República de Moldavia”. Ya antes, en 2009, la Declaración de la cumbre de la OCSE, celebrada en Estambul, incluye la mención de que los participantes “saludan el compromiso de la Federación Rusa de concluir el retiro de las tropas rusas desplegadas en Moldavia antes de que concluya 2002”.
Veinte años después esas tropas siguen ahí porque, según argumenta Rusia, “sería muy peligroso dejar sin la adecuada vigilancia un arsenal de tales dimensiones”. Se trata de cerca de 20 mil toneladas de proyectiles, bombas de aviación, minas, granadas y municiones, dos tercios de los cuales son ya obsoletos, pero que nadie quiere asumir el gasto de reciclar o de trasladar el resto.
El Kremlin, aunque reconoce que Transdniéster forma parte de Moldavia, no desea retirar a sus militares para mantener su influencia en la zona y menos dejar su sitio a soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con uniforme de pacificadores.
Además, de acuerdo con analistas, el problema de fondo se llama “Sheriff”, que es el nombre del grupo industrial y financiero cuyos dueños, con fuertes lazos de negocios en Moscú, monopolizan la política y la economía de la República de Transdniéster y es el más interesado en que las tropas rusas permanezcan ahí.
Al Grupo Sheriff, encabezado por el ex policía Viktor Gushan, pertenecen un banco, el único operador de telefonía celular, una red de gasolineras y otra de supermercados, talleres de impresión, un canal de televisión, fábricas textiles, bodegas de vino y de coñac, instalaciones deportivas, un club de futbol… en total no menos de 60 por ciento de la economía de Transdniéster y, conforme se dice, un 70 por ciento del sector de la economía sumergida.
Además, hace unos días, en las elecciones al Parlamento local, 33 de los 29 diputados electos militan en el partido Obnovleniye (Renovación), creado y financiado por el Grupo Sheriff, que también puso antes a uno de sus subordinados, Vadim Krasnoselsky, como presidente de Transdniéster.
No será fácil llegar a entendimientos para facilitar un arreglo político del conflicto territorial de Transdniéster y se antoja casi imposible mientras el supermonopolio que es el Grupo Sheriff controle la política de la república no reconocida y siga acaparando cualquier sector de su economía que deje ganancias.
