Ciudad de México.– Seguiré “ejerciendo el mandato para el cual fui electo. No estamos en presencia de un rompimiento del orden constitucional, en democracia los Congresos o Parlamentos emiten las leyes y cuando son cuestionadas sobre su constitucionalidad se impugnan, y existen medios y controles para su defensa y en este caso será la Corte la que resuelva”, dijo el ministro Arturo Zaldívar, al señalar que será el máximo tribunal del país el que decida si es constitucional o no el artículo transitorio que amplía dos años su mandato como presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Zaldívar sostuvo que los ministros (como lo es él mismo) que tengan algún interés o beneficio, deben excusarse de la discusión que se abrirá sobre el tema si se llegara a presentar algún recurso contra esta reforma. “No se trata de si puedo o no pronunciarme. Hay una ley que emanó del Congreso de la Unión y una vez que se publique será una ley vigente”.
Minutos después de que la Cámara de Diputados aprobó la llamada reforma judicial, en la que se incluyó el artículo transitorio que le permitiría ampliar dos años su mandato como presidente del PJF, Zaldívar publicó en su cuenta de Twitter una carta en la que informó que ejercerá el cargo hasta diciembre de 2022, periodo para el cual fue electo en enero de 2019, aunque debe señalarse que su labor como ministro de la Corte vence hasta diciembre de 2024.
En su comunicado, expresó que estará atento a la publicación de las leyes mencionadas “y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”.
En tanto, funcionarios de la Corte que fueron consultados respecto al posicionamiento del ministro presidente, comentaron que hasta el momento no ha causado sorpresa la respuesta que dio Zaldívar, pues aun no se define en cuanto al tema y dejó la solución al pleno de la SCJN, que deberá resolver sobre la constitucionalidad del transitorio, cuando lleguen las acciones de inconstitucionalidad que legisladores de minoría ya han anunciado que presentarán.
En todo caso, apuntaron, Zaldívar deberá excusarse de votar en este asunto, debido a que tiene un interés directo en lo que decida la Corte; deberá solicitar él mismo declararse impedido para tratar el tema.
En ese contexto se debe mencionar que el presidente del máximo tribunal es elegido para un periodo original de cuatro años por sus propios pares.
La prolongación del encargo de Zaldívar, quien originalmente debería dejar la presidencia de la SCJN el año próximo, y con la reforma lo hará hasta 2024, afectará también las intenciones de otros ministros que aspiran a sucederlo.
Por ejemplo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes terminan sus periodos como ministros en noviembre de 2027, podían haber aspirado a competir por la presidencia de la SCJN en 2022, y con la reforma ya no podrán hacerlo.
