¡EN TAMAULIPAS, HABEMUS GOBERNADOR CONSTITUCIONAL!
• Finalmente, a Francisco García Cabeza de Vaca se le hizo justicia… Y al pueblo de Tamaulipas también.
• Andrés Manuel López Obrador, sobre la violencia política:¿culpable o responsable?
El último capítulo de esta historia inició la noche de este jueves, cuando se hizo público un comunicado de la oficina del abogado texano, Tony Canales, quien describió la circunstancia que rodea al Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en su status ante el Gobierno de los Estados Unidos, ya que después de haberlo investigado, Canales no encontró ninguna carpeta de investigación abierta en su contra, ninguna denuncia, ninguna cuenta bancaria ni ninguna propiedad a nombre del mandatario tamaulipeco, como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera lo señalaron en un comunicado de prensa emitido la noche del pasado miércoles.
El comunicado emitido por el Abogado Canales, quien cuenta con amplia experiencia como fiscal y litigante, está muy relacionado con otro comunicado difundido muy temprano, este viernes, por los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pronunciarse sobre el conflicto constitucional entre la Federación y las entidades federativas, con relación a la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal. Y claro que les interesa saber, porque en una de esas, ellos también se convierten en adversarios de YSQ y les da con todo, con tal de salirse con la suya, como lo ha hecho con el mandatario de Tamaulipas.
Al medio día de este viernes, los gobernadores de Acción Nacional, integrantes de la GOAN, a través de sus redes sociales, emitieron un comunicado, con el siguiente texto: “Exhortamos respetuosamente a la @SCJN para que resuelva de manera expedita la controversia sobre desafuero interpuesta por el @CongresoTams. La resolución es fundamental para el federalismo mexicano y la gobernabilidad de la República.”
Y es que los mandatarios del país urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre el conflicto constitucional trabado, entre la Federación y las entidades federativas, en relación con la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal. La definición sobre la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa, sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen.
Es este proceso legislativo-judicial harto complejo. Pero si bien es cierto que hay una parte de la decisión de la Cámara Federal que es soberana e inatacable, constitucionalmente las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro del fuero con el que cuentan los servidores públicos locales. Con ello queda más que claro que los poderes federales, Ejecutivo y Legislativo, han solicitado que la Suprema Corte, como máximo intérprete de la Constitución, se pronuncie sobre el tema, ya que resulta trascendental para definir las relaciones entre la Federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad.
Y esto es como primer paso, pero lo más importante es que haya la voluntad política del titular del ejecutivo federal para construir una relación entre los actores políticos, municipal-estatal-federal, que le ayude al país a salir de sus muchos y graves problemas, pero a partir de una relación basada, ante todo, en el Estado de Derecho, pero más allá, basada en el respeto.
Dicen los Gobernadores de la Alianza Federalista, que ya se había desterrado el uso faccioso de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades a la Federación. Y por ello no debe permitirse que se configure un nuevo instrumento que pueda utilizarse para esta finalidad.
Más tarde, este mismo viernes, llegó a su oficina en Palacio de Gobierno, el Gobernador Cabeza de Vaca, tras un desayuno en uno de los centros gastronómicos más conocidos en la capital de Tamaulipas. Ahí, el mandatario tamaulipeco compartió el pan y la sal con el Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos.
Al llegar a Palacio, el gobernador ofreció una rueda de prensa banquetera. Y ahí, hablo de muchos y varios temas, entre ellos, por supuesto, habló de la controversia constitucional.
Nadie se imaginaría que la tarde de este viernes, la información dio la vuelta al país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el actuar del Congreso de Tamaulipas, de no homologar la declaratoria de procedencia dictada por la Cámara de Diputados, por lo que consideró que ya no había materia en la Controversia Constitucional promovida por ese Poder Legislativo Local, y la desechó.
Y entonces, quedó claro que, de hecho y de derecho, la Corte dio plena validez a la interpretación del artículo 111 Constitucional, en el sentido que los Congresos Locales tienen la última palabra en el desafuero de un gobernador. Ante ello, el ministro Juan Luis González Alcántara desecho por improcedente la controversia del Congreso de Tamaulipas contra la declaración de procedencia o desafuero del Gobernador, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril. Pero el Ministro la desecho porque, a su juicio, el propio Congreso estatal ya resolvió que por ahora no procede procesar penalmente al Gobernador de Tamaulipas.
Se trata de una resolución sui generis porque, si bien se desecha la demanda, este resultado es favorable a la intención del Congreso de Tamaulipas. Hasta ahora, la Corte solo ha publicado un extracto de este acuerdo, que menciona el desechamiento, pero no las razones.
Con este fallo, si la FGR acude a un juez federal a solicitar la aprehensión del Gobernador, su petición seria rechazada, pues prevalece el fuero que la Constitución estatal le garantiza, y que solo puede ser removido previo juicio político por la legislatura para su destitución.
PD. 1. ¿Responsable o culpable? Responsable. Así se dirigió el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano al presidente Andrés Manuel López Obrador, por el asesinato de su candidato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora, Abel Murrieta. Y si, el presidente si es responsable de la violencia que se vive en el país.
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