Ciudad de México.– Tras el anuncio presidencial de promover una reforma electoral que incluya la remoción de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente de este último, Lorenzo Córdova, sostuvo que “no es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que uno, o incluso a la autoridad electoral”.
Durante su participación en el foro de evaluación sobre el monitoreo de noticiarios en las campañas políticas, aseveró que frente a una eventual reforma que se está auspiciando por diversos actores a partir de la elección pasada, consideró pertinente “no olvidar que la ruta de la democracia tiene dos vías; una, que avanza hacia su consolidación y otra que es regresiva y que podría eventualmente hacernos volver a un pasado autoritario”.
Córdova mencionó que las experiencias internacionales en las últimas décadas revelan que la construcción de la democracia es un proceso que involucra mucho tiempo, pero “es posible que se desmonte”.
Después de reivindicar la realización de sucesivas reformas anteriores, en particular la de 2007-2008, que introdujo el nuevo modelo de comunicación política, agregó que es necesario no perder de vista “los desafíos que conlleva ahí una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización”.
Si la democracia es una obra colectiva, “a todos nos corresponde también defenderla y cuidarla, porque las instituciones no se defienden solas”. En este contexto, reivindicó el sesgo virtuoso que tuvo la incorporación del modelo de comunicación política que ha permitido la realización de campañas políticas en mejores condiciones de equidad para los partidos políticos, al generar el acceso, en tiempos oficiales, a espots en radio y televisión.
Subrayó la necesidad de que, en la eventual reforma electoral que se produzca, se promueva un debate informado sobre la realidad actual del sistema electoral, con la finalidad de que las modificaciones que se introduzcan sean “con altura de miras, sin revanchismos, para que el pluralismo, la representación, la diversidad, la inclusión y el poder regulado, conquistas de nuestra transición a la democracia, sean vistas y asimiladas, asumidas como virtudes y no como debilidades de nuestra convivencia política”.
