La Paz.– El gobierno de Bolivia dio a conocer el retiro del proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Cámara de Senadores para “no dar lugar a la violencia” después de una ola de paros y movilizaciones a escala nacional convocados por la oposición y las gremiales desde el pasado fin de semana, levantados ayer ante el anuncio.
María Nela Prada, ministra de la Presidencia, alertó durante la jornada de las consecuencias que podría tener el retiro de la iniciativa, ya que podría significar el regreso de Bolivia a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Prada explicó a la televisión estatal Bolivia TV que sin este plan de reforma “los grandes perjuicios que pueden ocasionarse a la población en algo que es cada vez más generalizado, como son las transacciones financieras internacionales, la compra en páginas de otros países, todo lo que hace al sistema financiero.
“Por supuesto que este proyecto de ley iba en el contexto del cumplimiento de estos estándares; lo estamos retirando, pero lamentablemente estos sectores, con una irresponsabilidad absoluta, el daño no es únicamente al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), es al pueblo, a Bolivia”, dijo Prada.
Organizaciones sociales y gremiales de Bolivia llamaron a levantar las protestas tras el anuncio del gobierno, lo que la oposición califica de derrota para el presidente Luis Arce. Estos sectores rechazan la iniciativa porque “facilita la expropiación de bienes privados” a sólo una denuncia.
“No vamos a bajar la guardia. Nos mantendremos en apronte hasta que se abroguen otras normas. Si el gobierno quiere paz, tendrá que cumplir nuestra demanda”, aseveró Francisco Figueroa, dirigente de un colectivo de comerciantes y cuentapropistas que agrupa a más de 300 mil afiliados que se han movilizado en días recientes.
Sindicatos de choferes del transporte público, mineros que trabajan por cuenta propia y otros gremios también demandaron el retiro del proyecto de ley y preparaban más marchas. Los organizadores llegaron a amenazar con medidas más drásticas, e incluso el sector cárnico propuso un “paro indefinido con desabasto a escala nacional”.
El jueves, tras anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de la Presidencia culpó a la oposición por una “campaña de desinformación que busca la confrontación y la impunidad” y aseguró que se ordenó el retiro “escuchando al pueblo, sus preocupaciones y temores” para no dar lugar a una confrontación con el gobierno.
El proyecto no será repuesto durante el actual gobierno, cuyo mandato se extenderá hasta 2025, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima, reiterando la admisión oficial de que la iniciativa murió por falta de información adecuada a la ciudadanía.
La Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue aprobada por los diputados y faltaba la ratificación del Senado de la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante MAS, que lidera el ex presidente Evo Morales.
Bolivia asumió compromisos internacionales ante la Organización de Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento y se expone a sanciones. Una misión del GAFI llegará en 2022 para evaluar el avance, según Prada.
La oposición acusó al gobierno de pretender usar la norma para “confiscar, castigar la disidencia y perseguir a la oposición”, según un manifiesto. El gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, tuiteó que la decisión oficial es “un nuevo triunfo para el pueblo”, así como un freno a las ambiciones del gobierno de Arce por “avanzar en su proyecto de control totalitario”.
El retiro de la ley antilavado luce como la segunda derrota política del MAS en octubre, luego de que a principios de mes perdió el control de la principal asociación de productores de coca del país en un conflicto que pasó por jornadas de violencia callejera.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia determinó que la autoproclamación presidencial de Jeanine Áñez (2019-2020) en la crisis de 2019 no se ajustó a la Constitución, porque no hubo el vacío de poder alegado por la entonces senadora de minoría para tomar el poder, según una resolución publicada ayer.
“El TCP sentenció que la denominada sucesión ipso facto sólo se aplica para la Presidencia del Estado, de acuerdo con el artículo 169 de la Constitución Política del Estado (…) debiendo toda renuncia (de presidente de cámara legislativa) ser tratada y aceptada en el pleno camaral”, dijo el TCP en un comunicado.
La resolución del 29 de septiembre, anunciada el viernes, señaló que no había vacío de poder porque los titulares del Senado y de los diputados estaban en funciones debido a que sus renuncias aún no habían sido tratadas en las respectivas cámaras.
La senadora derechista y sus colaboradores han sostenido la figura del supuesto vacío de poder como justificación principal de su decisión de autoproclamarse presidenta transitoria, cargo que ejerció por un año.
