Caracas.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió ayer al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien evalúa si abre una investigación formal contra este país por posibles crímenes de lesa humanidad.
Khan llegó a Caracas antier por invitación de la fiscalía venezolana y se reunió con el mandatario en el palacio presidencial de Miraflores, según imágenes transmitidas por la televisión estatal VTV.
“El presidente Maduro agradeció al fiscal haberse abocado a conocer en profundidad el caso Venezuela y su voluntad de reunirse con las autoridades nacionales, en el espíritu de cooperación con la CPI”, indicó un comunicado del gobierno.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por el gobierno de Maduro, en particular durante protestas antigubernamentales de 2017 en las que murieron cerca de 100 personas.
La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, declaró que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad y habló de “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos.
Khan debe decidir si pide a los jueces abrir una pesquisa al respecto, lo que podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a la represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.
La agenda de su visita, que se extiende hasta mañana, aún no ha sido divulgada. Su oficina adelantó la semana pasada que el funcionario sostendría reuniones con las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.
Tampoco se ha confirmado si Khan se reunirá con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como “presidente interino” de Venezuela por Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos.
“Los venezolanos buscamos justicia porque en nuestro país está denegada y secuestrada por la dictadura”, escribió Guaidó en Twitter, al calificar la visita de “histórica”.
La justicia venezolana ha imputado y condenado a efectivos del orden público por muertes durante las protestas de 2017, aunque sus críticos consideran que estas acciones se tomaron únicamente para evitar un proceso en la CPI.
Desestiman en EU siete cargos contra Saab
Un juez estadunidense en Florida desestimó los cargos de lavado de dinero contra Alex Saab, nombrado por Maduro representante oficial en los diálogos con la oposición, pero sigue acusado de un cargo de conspiración para blanqueo, mostró un expediente judicial.
La orden fue emitida por el juez de distrito Robert Scola. El cargo que permanece es el de conspiración que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Saab, de 49 años, fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde fue detenido en el verano de 2020 con una orden judicial estadunidense.
Los fiscales dicen que Saab, empresario colombiano y principal negociador del gobierno de Maduro, desvió alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de una trama de sobornos vinculada al tipo de cambio controlado que rige en Caracas.
En una presentación del lunes, los fiscales estadunidenses solicitaron que se retiren siete de los ocho cargos iniciales contenidos en una acusación formal de julio de 2019. Los fiscales expresaron que los funcionarios prometieron a Cabo Verde que Saab sólo sería acusado de un cargo para cumplir con las leyes de la nación del archipiélago respecto de la pena máxima de prisión.
Los fiscales no respondieron de inmediato a las solicitudes de algún comentario.
Uno de los abogados de Saab, Henry Bell, manifestó a Reuters la semana pasada que su cliente se declararía inocente en la lectura de cargos que estaba prevista para ayer, pero fue pospuesta para el 15 de noviembre. Bell no quiso comentar la decisión de ayer.
El gobierno de Venezuela le otorgó la ciudadanía venezolana a Saab y además lo había nombrado diplomático para negociar los envíos de combustible y ayuda humanitaria desde Irán.
En respuesta a la extradición, el gobierno de Maduro suspendió el mes pasado las incipientes negociaciones con la oposición que se realizaban en México desde agosto.
Los aliados de Maduro han asegurado que los cargos contra Saab son parte de una “guerra económica” que el gobierno de Estados Unidos libra contra Venezuela.
