Ciudad de México.- La periodista Miroslava Breach fue asesinada con una pistola modelo Emiliano Zapata, fabricada en Estados Unidos. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobrevivió a 414 disparos accionados por arsenal producido en Estados Unidos. En el culiacanazo, el crimen organizado exhibió su poder de fuego usando arsenal procedente de Estados Unidos.
Estos tres ejemplos, suscitados entre 2017 y 2020, revelan la urgencia de México para poner freno al paso ilegal de armas. En ese proceso –considera la administración de Andrés Manuel López Obrador— las empresas fabricantes y distribuidoras deben jugar un papel más protagónico y asumir mayor responsabilidad para evitar que sus productos terminen en poder del crimen organizado.
Ese es el argumento central de la demanda civil presentada por el gobierno mexicano, a través de la cancillería, el 4 de agosto ante la Corte de Distrito de Massachusetts contra once compañías del sector, la primera de gobierno extranjero contra la médula de esa poderosa industria.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cerebro de la querella, Alejandro Celorio, explica en entrevista con La Jornada, que la denuncia tiene dos objetivos: que las empresas estadunidenses reparen económicamente el daño causado por la introducción “ilegal” de sus productos a nuestro país y que sean más responsables de por sus ventas y comercialización.
“Las demandamos porque sus actuales prácticas (de diseño, promoción y comercialización) son negligentes. Diseñan parte de ese arsenal sabiendo que su consumidor está en México, no sancionan ni monitorean su línea de distribución y la mayoría de las armas traficadas a nuestro país fueron compradas por prestanombres y terminan en manos del crimen. Las compañías lo saben y no hacen nada, su falta de cuidado causa daño a México”, enfatiza Celorio.
Diversas fuentes apuntan que casi 4 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadunidense ha detallado que entre 70 y 90 por ciento de las armas aseguradas en escenas criminales en suelo mexicano han sido traficadas ilegalmente desde su país.
Este lunes a propuesta de México, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutirá la problemática generada a partir del tráfico de armas; a la par, también hoy las empresas demandadas por la cancillería mexicana responderán a los señalamientos ante la Corte.
El consultor jurídico de la SRE anticipa que, como sucede en litigios civiles en Estados Unidos, argumentarán diversas defensas jurídicas para intentar detener el litigio: cuestionarán si el gobierno mexicano puede demandar en suelo estadunidense; señalarán que la legislación de aquel país les otorga inmunidad; y responsabilizarán a México por los daños descritos en el litigio.
Las reglas del mercado
Calcula que la premisa en la que mayor énfasis pondrán es la corrupción en México. “Intentarán generar ruido para meter presión al juez. Dirán que México contribuye al problema y que exclusivamente por eso se da el tráfico ilícito. Pero no los estamos demandando por corrupción, se trata de una denuncia al interior de Estados Unidos por lo que hacen y dejan de hacer, y eso facilita el ingreso ilegal a nuestro país y esas armas no deberían estar en manos de criminales”.
Los contrabandistas suelen reclutar a estadunidenses sin antecedentes penales para adquirirlas en diferentes tiendas, sobre todo de los estados fronterizos, y posteriormente pasarlas a territorio mexicano.
Para el funcionario, la estrategia de defensa de las empresas se abocará en detener el litigio a fin de evitar la etapa de presentación de evidencias, en las que la cancillería y otras dependencias federales han trabajando afanosamente.
Considera que fabricantes y distribuidores deberían verificar quiénes compran sus armas (actualmente sólo se necesita ser mayor de edad y una identificación), mejorar sus instrumentos de trazavilidad, monitorear hasta dónde llegan sus productos, poner más candados en las huellas balísticas y hasta en el funcionamiento para que sólo el comprador pueda accionarlas.
“Tienen dos opciones. Se dan cuenta que en Michoacán o Sinaloa les gustan las Barrett y continuar elevando la producción o comportarse como empresas de buena fe, socialmente responsables, y decir ‘no quiero que mis armas terminen en actividades criminales’. Hay modelos dirigidos al mercado mexicano que no creo que los compre un blanco de Kentucky”.
La demanda mexicana busca aprovechar la legislación civil estadunidense donde se obliga a las compañías de diversos sectores a tener más cuidado y atención en sus productos a fin de que los consumidores no corran riesgos. La industria automotriz es la que mayores litigios de este tipo ha enfrentado.
Información de la SRE expresada en la demanda apunta que en Estados Unidos la venta de armas de asalto estuvo prohibida por ley entre 1999 y 2004, en ese periodo los homicidios en México disminuyeron considerablemente.
Al terminar esa prohibición, las empresas empezaron a producir y vender más armas de guerra. Desde entones la tasa de homicidios en nuestro país aumentó 45 por ciento; y también crecieron los ataques contra las fuerzas del orden, el crimen en general y los feminicidios.
México había concentrado sus esfuerzos por años en presionar a las autoridades estadunidenses para evitar ese tráfico a través de la frontera. Con la demanda civil, el gobierno mexicano extiende sus estrategias para evitar que ese arsenal siga llegando al país.
Las empresas demandas son: Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA Corp., Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc, Glock Ges MBH, Sturm Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
