Nueva York.– La cámara baja de Estados Unidos aprobó una medida para solicitar que el Departamento de Justicia formule cargos criminales por desacato al Congreso contra Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, mientras el procurador general de la ciudad de Washington anunció demandas civiles contra dos agrupaciones ultraderechistas por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado, algo que definió como “acto coordinado de terrorismo doméstico”.
La Cámara de Representantes debatió y aprobó por 222 votos contra 208 la medida promovida por el comité selecto de la cámara baja encargado de investigar los actos del 6 de enero en el asalto al Capitolio por fuerzas pro-Trump –lo que algunos califican de intento de golpe de Estado– después de que Meadows anunció hace una semana que no cooperará más con la investigación.
Aunque el ex jefe de gabinete y ex legislador federal inicialmente cooperó con la pesquisa oficial, anunció la semana pasada que no se presentaría ante el comité argumentando que sus intercambios privados con el entonces presidente están protegidos por el llamado “privilegio ejecutivo”.
Algunos de los aproximadamente 9 mil documentos que Meadows inicialmente entregó al comité incluyen copias de mensajes de texto intercambiados el mismo 6 de enero en los cuales legisladores republicanos, comentaristas derechistas y hasta el hijo del presidente le rogaron que convenciera a Trump de tomar acciones para frenar la llamada insurrección.
La diputada Liz Cheney –una de sólo dos republicanos en el comité selecto– reveló algunos de los mensajes entregados por Meadows. En uno, el hijo de Trump, Donald Jr., dice a Meadows que su padre tiene que hacer una declaración para frenar a sus simpatizantes ya que “esto ya ha ido demasiado lejos y está fuera de control”, y en otro insistió en que el presidente “tiene que condenar esta mierda lo más pronto posible”.
También varios legisladores enviaron mensajes a Meadows pidiéndole que el presidente pusiera fin de inmediato al asalto, uno de ellos le advirtió “van a matar a alguien”. Los íntimos periodistas del presidente en Fox News también expresaron alarma. La influyente conductora Laura Ingraham envió un mensaje a Meadows alertando: “el presidente necesita decirle a la gente en el Capitolio que se vaya a casa. Está destruyendo su legado”.
Esta recomendación se trasladará al Departamento de Justicia para evaluar si se procederá penalmente contra Meadows. Con ello, sería el segundo en enfrentar cargos criminales, junto con el ex estratega político de Trump, Stephen Bannon.
Los republicanos denunciaron que todo esto era una maniobra partidista de los demócratas.
Conspiración terrorista
Al mismo tiempo, el procurador general del Distrito de Columbia (Washington) Karl Racine, anunció que su oficina está presentando una demanda civil acusando a dos agrupaciones ultraderechistas, los Proud Boys y los Oath Keepers, que participaron en el asalto al Capitolio, de “conspirar para aterrorizar el Distrito”. La demanda califica el hecho de “acto coordinado de terrorismo doméstico” y pide compensación financiera por daños a la ciudad.
Todo esto continuó nutriendo las advertencias de una cada vez más amplia gama de voces sobre los peligros que enfrenta la democracia estadunidense ante la ofensiva derechista a nivel nacional, estatal y local.
El veterano diputado demócrata Jim McGovern, presidente del poderoso Comité de Reglas de la cámara baja, advirtió sobre la amenaza de revueltas en el futuro. “Los golpes de Estado rara vez son exitosos en el primer intento, pero frecuentemente lo son en una segunda vuelta. Este es el momento de estar por encima de las divisiones políticas”, declaró en una audiencia al argumentar respecto de la necesidad de aprobar la medida sobre el desacato de Meadows.
